Para la mejor evaluación de la actuación de Chávez, comparada con la del dictador peruano Alberto Fujimori cuando estaba en la cúspide del poder, lea este análisis que publica hoy El Universal con Ricardo Uceda, jefe de la unidad de investigación del Diario El Comercio de Lima, Perú.
“Sí existe cierto paralelismo entre Chávez y Fujimori, porque, de alguna manera, se ha alterado el equilibrio de los poderes democráticos. Fujimori logró un Poder Judicial adicto, un Parlamento servil y medios de comunicación afines. En Venezuela, aunque por otros caminos, es evidente que existen poderes Legislativo y Judicial no autónomos, y una prensa que ha resultado afectada por el proceso autoritario.
En el caso de la televisión en concreto, que es un medio al que todos los gobiernos asignan especial importancia porque se supone que influyen en el espíritu político de la gente, Fujimori se entendió con los propietarios y al empresario díscolo, Baruch Ivcher, dueño del canal 2 de Perú, lo "mató": lo expulsó del país por una supuesta irregularidad en su nacionalización. Aquí el proceso ha sido distinto, aunque supongo que económicamente Venevisión gana con quienes dejaron de anunciar en RCTV.
-¿La diferencia es sólo operativa?
-Es operativa, pero también existen otras diferencias. Allá, los empresarios y la derecha peruana estaban en bloque con Fujimori. Aquí también existe un sector empresarial que funciona con Hugo Chávez pero me parece que es más porque hacen negocio, por sentido práctico.
-¿Cuál es su percepción sobre la no renovación de la concesión a RCTV?
-Yo creo que el presidente Chávez tomó una bandera que es justa, pero la distorsionó. Efectivamente, las frecuencias radioeléctricas pertenecen al pueblo y el Estado debe administrarlas. Pero en Latinoamérica, y estoy hablando en términos generales, siempre han sido entregadas a un grupo de personas que las han usado como les ha dado la gana. Y esos son espacios de la gente. Hasta ahí es la bandera justa del presidente Chávez. Lo que no puede hacer el Estado, y es cuando empieza la distorsión, es impedir monopolios privados en los medios de comunicación para instaurar un monopolio estatal.
-¿El Estado debió haber convocado a una licitación para otorgar tal concesión?
-En la organización a la que pertenezco, y que está conformada por periodistas que no son dueños de medios, hemos estudiado la situación en Latinoamérica y hemos detectado una excesiva concentración de medios, sobre todo en radio y televisión. Esto ocurre en toda la región, no sólo en Venezuela. Creemos que urge que los Estados cambien las leyes que regulan las concesiones que se les otorgan a compañías privadas con el objetivo de permitir una mayor pluralidad y que se permitan revertir tales concesiones si éstas son mal usadas. Por ejemplo, en Perú ocurrió que algunos medios vendían el contenido a terceros. Tal usufructo no debería estar permitido.
-Es un tema delicado. ¿Cómo asegurar su buen uso?
-Es necesario que las concesiones se otorguen con normas claras, procesos transparentes y, especialmente, por una autoridad autónoma que asegure que, bajo ningún concepto se entregan por motivos políticos. Por eso es importante que el ente que las asigne no dependa del Gobierno porque favorecería a sus partidarios. Esa es una actitud que podría considerarse casi humana pero inaceptable porque el espectro radioeléctrico pertenece a la gente y no al Gobierno.
“Sí existe cierto paralelismo entre Chávez y Fujimori, porque, de alguna manera, se ha alterado el equilibrio de los poderes democráticos. Fujimori logró un Poder Judicial adicto, un Parlamento servil y medios de comunicación afines. En Venezuela, aunque por otros caminos, es evidente que existen poderes Legislativo y Judicial no autónomos, y una prensa que ha resultado afectada por el proceso autoritario.
En el caso de la televisión en concreto, que es un medio al que todos los gobiernos asignan especial importancia porque se supone que influyen en el espíritu político de la gente, Fujimori se entendió con los propietarios y al empresario díscolo, Baruch Ivcher, dueño del canal 2 de Perú, lo "mató": lo expulsó del país por una supuesta irregularidad en su nacionalización. Aquí el proceso ha sido distinto, aunque supongo que económicamente Venevisión gana con quienes dejaron de anunciar en RCTV.
-¿La diferencia es sólo operativa?
-Es operativa, pero también existen otras diferencias. Allá, los empresarios y la derecha peruana estaban en bloque con Fujimori. Aquí también existe un sector empresarial que funciona con Hugo Chávez pero me parece que es más porque hacen negocio, por sentido práctico.
-¿Cuál es su percepción sobre la no renovación de la concesión a RCTV?
-Yo creo que el presidente Chávez tomó una bandera que es justa, pero la distorsionó. Efectivamente, las frecuencias radioeléctricas pertenecen al pueblo y el Estado debe administrarlas. Pero en Latinoamérica, y estoy hablando en términos generales, siempre han sido entregadas a un grupo de personas que las han usado como les ha dado la gana. Y esos son espacios de la gente. Hasta ahí es la bandera justa del presidente Chávez. Lo que no puede hacer el Estado, y es cuando empieza la distorsión, es impedir monopolios privados en los medios de comunicación para instaurar un monopolio estatal.
-¿El Estado debió haber convocado a una licitación para otorgar tal concesión?
-En la organización a la que pertenezco, y que está conformada por periodistas que no son dueños de medios, hemos estudiado la situación en Latinoamérica y hemos detectado una excesiva concentración de medios, sobre todo en radio y televisión. Esto ocurre en toda la región, no sólo en Venezuela. Creemos que urge que los Estados cambien las leyes que regulan las concesiones que se les otorgan a compañías privadas con el objetivo de permitir una mayor pluralidad y que se permitan revertir tales concesiones si éstas son mal usadas. Por ejemplo, en Perú ocurrió que algunos medios vendían el contenido a terceros. Tal usufructo no debería estar permitido.
-Es un tema delicado. ¿Cómo asegurar su buen uso?
-Es necesario que las concesiones se otorguen con normas claras, procesos transparentes y, especialmente, por una autoridad autónoma que asegure que, bajo ningún concepto se entregan por motivos políticos. Por eso es importante que el ente que las asigne no dependa del Gobierno porque favorecería a sus partidarios. Esa es una actitud que podría considerarse casi humana pero inaceptable porque el espectro radioeléctrico pertenece a la gente y no al Gobierno.
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