Ese hombre moreno, de bigote ralo y menos de 1.70 m de estatura no parece ser un revoltoso, ni mucho menos el tipo de persona conflictiva, capaz de defender a golpes —si es necesario— a sus líderes políticos. Sin embargo, José Tellería, delegado del Frente Sandinista en los Consejos de Poder Ciudadano del Distrito VI de Managua, envió a inicios de julio a sus seguidores de esa región capitalina una comunicación que entre otras cosas establecía la posibilidad de “quemar LA PRENSA”. En el comunicado justificaba su exigencia calificando a LA PRENSA, El Nuevo Diario y Canal 2 como los “voceros de la derecha”, que critican todo lo que hace el gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega.
La explosiva recomendación de Tellería no es un hecho aislado. El gobierno sandinista lanzó una política de comunicación diseñada por la poderosa Primera Dama, Rosario Murillo, caracterizada por el silencio de los funcionarios, el secretismo en la información, el recorte de publicidad y la intolerancia a la crítica de los medios, que ha llevado a pequeñas radios al borde del cierre, según denunciaron recientemente algunos empresarios. La política de comunicación del gobierno se resume en pocas palabras: “Sólo hablaremos de lo que queramos por los medios que nos son afines”. En consonancia con esta actitud de intolerancia a la critica, Miguel D’Escoto, asesor presidencial en materia de relaciones exteriores, llamó el 8 de junio a los medios opositores “lacayos del imperio” y de tener un “sesgo antipatriótico” y “antidanielista”, y afirmó que si en Nicaragua existiera el delito de traición a la patria y la pena de muerte, “todos los de LA PRENSA se hubieran ido al otro mundo hace mucho tiempo”. Nicaragua parece ser un eslabón más de la cadena que desde hace algún tiempo ha empezado a “apretar” la libertad de expresión en América Latina. El 21 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en Santo Domingo, República Dominicana, en el que manifestaba su preocupación por lo que definió un retroceso de la libertad de prensa en el continente donde, según la organización, existe poco respeto para el libre ejercicio del periodismo.
El comunicado era el resultado de una reunión entre los representantes del organismo, que se mostraban escandalizados por las posturas de algunos gobiernos latinoamericanos contra las críticas de los medios de comunicación, y que incluyen cierres de medios, insultos, censura, recortes de publicidad, demandas y hasta ataques a periodistas. Unos meses antes de la encerrona de la SIP, el presidente hondureño Manuel Zelaya había acaparado la atención internacional. En mayo, Mel, como lo llaman los hondureños, decidió lanzar una cadena nacional de radio y televisión que obliga a las emisoras a transmitir las actividades de sus ministros, en un espacio de dos horas, como respuesta a las críticas de los medios hacia la gestión gubernamental, principalmente en el tema de la lucha contra la pobreza, la violencia y la corrupción que afecta a algunos de los funcionarios de Gobierno. Zelaya defendió su decisión afirmando que es víctima de lo que él llama los oligopolios que controlan los medios hondureños, y que lo han convertido en el presidente más atacado y calumniado en la historia de Honduras. La iniciativa de Zelaya es apenas un manotazo en el juego de manos que algunos gobiernos latinoamericanos mantienen con los medios opositores a su gestión. En esta política de reticencia a las críticas, le siguen a Zelaya los presidentes Daniel Ortega, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, representantes de la izquierda “dura” que ha llegado al poder en el continente.
La organización Reporteros Sin Fronteras mantiene en su sitio de internet una “lista roja” de acciones contra medios de comunicación y periodistas, que van desde la agresión por parte de policías a periodistas en Bolivia, la condena por “injurias” a periodistas en Ecuador, hasta atentados con explosivos a un periodista en Venezuela. En Venezuela el caso de RCTV ha dejado clara la fobia del presidente Hugo Chávez hacia los medios de comunicación críticos a su gestión. Esta semana, la cadena opositora del poderoso empresario Marciel Granier —que algunos analistas venezolanos ya ven como el futuro líder político de la oposición— logró mantener sus transmisiones a través de satélite y televisión por cable, gracias a una resolución de la Corte Suprema, luego que Chávez le exigiera registrarse como productora audiovisual nacional para que transmitiera las cadenas nacionales del Presidente. Pero el trabajo periodístico en Venezuela se ve amenazado por la intolerancia. Según Reporteros Sin Fronteras, el periodista Róger Santodomingo, crítico del gobierno, ha sido acusado de “traidor a la patria”, y constantemente amenazado por sus posiciones. Según la organización, eso hizo que Santodomingo dimitiera del Noticiero Digital, un sitio de internet opositor al Presidente. Pero esa renuncia no fue suficiente: el 4 de julio, una semana después de su dimisión, el automóvil del periodista explotó de forma misteriosa frente a su casa. Además, su hijo ha sido objeto de amenazas, por lo que el periodista pidió protección al Consejo Nacional de los Derechos del Niño. “El periodista ha sido frecuentemente objeto de ataques calumniosos por parte del poder y de los medios de comunicación públicos”, reseña Reporteros Sin Fronteras. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hace una semana que lo más difícil que ha tenido que soportar en los primeros meses de su Gobierno ha sido la confrontación con la prensa de oposición.
El presidente califica a los medios que lo critican de mediocres, corruptos y mentirosos, según informa la agencia France Press. El mismo Correa ha admitido que nunca ha tenido buena relación con la prensa, y eso ha quedado claro tras la demanda que inició contra Francisco Vivanco, director del diario La Hora, después de que éste escribiera un editorial contra el presidente, acusándolo de gobernar “con tumultos, piedras y palos”. Según la revista Gatopardo, para entablar su demanda, Correa se refugió en el delito de desacato al Presidente, que establece de seis meses a dos años de cárcel y multas económicas a quien ofenda al mandatario. Actualmente, el presidente también ha iniciado una campaña de desprestigio contra las televisoras privadas. En Bolivia la violencia contra los periodistas se dejó sentir con toda su fuerza el 8 de enero pasado, cuando un grupo de campesinos cultivadores de coca y policías hirieron a ocho periodistas —tres de ellos de gravedad— cuando éstos cubrían una manifestación en Cochabamba, al centro del país. Reporteros Sin Fronteras, relatan la escena de esta manera: “(...) A Efraín Gutiérrez, de la radio La Chinawa, le molieron a golpes unos agentes de la prefectura y policías de civil.
Por su parte, los cocaleros agredieron a María Elena Soria, Víctor Cabezas y Alfredo Orellana, respectivamente periodista, técnico y camarógrafo del canal privado Univalle Televisión. A los dos primero les pegaron. Al tercero, al que quitaron el material, le abrieron la cabeza con una piedra cuando estaba caído en el suelo. Efraín Gutiérrez, Víctor Cabezas y Alfredo Orellana tuvieron que ser atendidos, en un estado considerado serio. Al fotógrafo Raúl Guevara le rompieron el material, y presentaba heridas leves”. Para el nicaragüense experto en comunicación, Arturo Wallace, si bien no se registra en el continente una transformación del marco legal que garantiza la libertad de prensa, sí hay “voluntad, disposición o de interés” de algunos gobiernos de emplear esos mecanismos legales “de una forma más agresiva”. “Estas no son tanto modificaciones o transformaciones en el marco legal sino voluntad, disposición, capacidad o interés de aprovechar lo que ya existía en los marcos constitucionales para transformar o cambiar lo que estamos acostumbrados en América Latina en las relaciones de medios de comunicación y Estado”, afirma Wallace. Wallace advierte que la tensión entre medios y poder existe también en otras regiones, pero la diferencia está en que en América Latina existe una institucionalidad débil, que crea el temor de la concentración de poderes de forma absoluta. “Esa confrontación entre medios y políticos es una tensión que existe en otras partes del mundo donde la situación es distinta. En el caso latinoamericano, reflejan vocaciones autoritarias, poca capacidad autocrítica sobre todo con aquellos medios (y esto hay que reconocerlo) que están lejos de ser actores objetivos o que no siempre son honestos en sus intenciones”, explica.
Emilio Ortega, Coordinador del proyecto de Ley de Acceso a la Información, de la Fundación Violeta Barrios, teme que en el caso de Nicaragua se dé un retroceso en lo referido a la libertad de prensa, por la actual política de comunicación establecida por el Gobierno. Según Ortega, si esta política continúa, “se volvería a caer en la misma situación” de hace 17 años, en una “cultura de secretismo” justificada por “conveniencia de la patria y el oscurantismo de las instituciones”.
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