La revista Punto Final (PF) libra una titánica batalla legal contra el Estado de Chile en favor del periodismo independiente. En febrero –mes que en Chile se conmemora el Día de la Prensa (13)–, la publicación sentó en el banquillo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a tres ministros de estado para que expliquen por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa escrita favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95% de los diarios del país: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman, y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.
El TLDC citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de PF, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y Carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Edwards y Saieh.
Esta batalla por los derechos del periodismo independiente al avisaje estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoran el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de sus fuentes de trabajo (el viernes 13 a las 11 horas ante el busto de Juan Emilio Pacull, fundador del Colegio y del Círculo, plazoleta de Valentín Letelier con Lorenzo Gotuzzo, a escasos metros de La Moneda).
“Esta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa de discriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, de vulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades de desarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.
Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del Tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.
“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de PF.
La publicidad privada en Chile está ideologizada. Los avisos de las grandes empresas sólo se publican en la gran prensa, pero los lectores de los medios independientes también son usuarios de los servicios públicos que se financian con dinero de los contribuyentes, quienes tienen derecho a informarse en medios distintos a El Mercurio y La Tercera. El artículo 19° Nº 12 de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en tanto el artículo 19 Nº 22 consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Asimismo, la Constitución establece la obligación del Estado de “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, mientras el artículo 5° inciso 2 establece que el Estado debe “respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.
Avances del juicio
La defensa de los intereses fiscales recae en Chile en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo actualmente presidido por Carlos Mackenney Urzúa, designado por la jefa del Estado. La importancia que otorga el CDE a la demanda de PF se mide por el equipo de abogados que designó para su defensa, encabezado por los juristas Gonzalo Velásquez y Ruth Israel, quienes tienen la tarea de impugnar las acusaciones de la revista.
En enero, declararon como “testigos” del CDE la abogada jefa de la división jurídica de la Dirección de Compras y Contratación Pública, María Trinidad Inostroza Castro, el abogado –de la misma repartición– Pablo Prüssing Fuchslocher y el abogado del Ministerio de Justicia Ciro Cornejo Lorca.
La demanda contra el Estado apunta a la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio descentralizado del ministerio de Hacienda que dirige el funcionario Tomas Campero y que está sometido a la supervisión de la Presidencia de la República.
Como testigos de PF, en diciembre de 2008 declararon ante el Tribunal el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez; los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas; el diputado Marco Enríquez-Ominami y el periodista y académico Walter Krohne.
Duopolio El Mercurio/La Tercera
El control del El Mercurio y La Tercera sobre el mercado de diarios “lo podemos identificar como un duopolio que es en verdad un monopolio”, argumentó la demanda. “Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita –diarios, periódicos, revistas, de circulación nacional, regional y comunal–, siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio”, añadió. “Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales, en el hecho –y para los efectos de la libertad de expresión e información– constituyen un monopolio ideológico”.
Edwards posee dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago, El Mercurio y Las Últimas Noticias; más el vespertino La Segunda, que se publica en la capital pero circula en gran parte del país; y otros 20 diarios regionales: La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio Antofagasta, El Mercurio de Calama, La Estrella del Norte, La Prensa de Tocopilla, La Estrella de Loa, El Diario de Atacama, El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, El Lider de San Antonio, Crónica Chillán, El Sur de Concepción, Crónica de Concepción, El Renacer de Arauco, El Austral de Temuco, El Austral de Valdivia, El Austral de Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt y La Estrella de Chiloé. Además, negocia La Prensa Austral y El Magallanes de Punta Arenas.
El Estado también le otorgó –y continúa asignándole– numerosas frecuencias radiales a El Mercurio. Su división Diarios Regionales opera Digital FM, red de música y noticias –locales y nacionales– presente en 38 ciudades a lo largo del país, con 11 jefaturas regionales de prensa en otras tantas urbes importantes. El concepto mercurial del “periodista multimedia” obliga al reportero de un diario regional a elaborar una misma noticia para el diario, la radio local y la edición nacional: tres trabajos por el mismo salario. La cadena tiene, además, Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Asimismo, El Mercurio opera portales juveniles como Mimix.cl y Team Miss Verano.
Saieh, quien se hizo millonario durante la dictadura, posee el Consorcio Periodístico de Chile, SA (Copesa), que controla los diarios de circulación nacional La Tercera, La Cuarta y el semanario Qué Pasa, además del matutino La Hora, de distribución gratuita en la capital. También comercializa los suplementos Mujer, Icarito, Deportes, Glamorama, Agenda Urbana, Club La Tercera, Mouse y Virus, a la vez que controla las radios FM Zero, Duna y Carolina. Entre otros negocios, posee también CorpBanca, con presencia en varios países, y la cadena de supermercados Almac, adquirida a D&S antes que ésta vendiera el resto de su red minorista –Líder y Ekono– a la estadounidense Wal Mart.
Las páginas del duopolio ideológico El Mercurio/Copesa cumplen el rol de caja de resonancia de la extrema derecha y suelen cuestionar ásperamente las moderadas políticas sociales de los gobiernos post dictadura, pese a que reciben una suerte de subsidio en publicidad del Estado. No funcionó la política comunicacional del gobierno que aspiraba a “seducir” a esos medios cómo si efectivamente fueran imparciales.
Ambas cadenas están comprometidas de manera fundamentalista con la ideología del neoliberalismo y no acogen visiones críticas, ni siquiera sobre la crisis mundial en desarrollo. Sus contenidos entregan a diario “propaganda informativa” en favor de las políticas neo-conservadoras, de los grandes grupos económicos y financieros, incluido el sistema privado de fondos de pensiones de cuyas pérdidas ascienden al 30%, por más de 30 mil millones de dólares.
La contienda legal de PF ocurre en un país que la propaganda de los grandes medios locales y mundiales convirtió en un ejemplo latinoamericano para la inversión extranjera y una suerte de “paraíso de la libre competencia”, que no existe para la prensa independiente, ni para las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza.
La noticia del juicio para hacer cumplir al Estado cumpla con los principios de “la libre competencia” no ha merecido la atención de los grandes medios, que a diario embriagan al público con la cultura consumista del neoliberalismo salvaje heredado de la dictadura militar de 17 años. La clase política que surgió de los escombros de la dictadura y ha conducido durante 19 años los cuatro gobiernos que sustituyeron al régimen castrense estimula con entusiasmo el fortalecimiento del modelo en crisis que sí ha beneficiado a los grandes grupos económicos y poder mediático. El Estado ha sido un facilitador de grandes negocios, como el salvataje de La Tercera-Copesa en quiebra, ocurrido bajo el gobierno de Patricio Aylwin, al comienzo de la “transición a la democracia”, cuando el Banco del Estado le saneó la deuda tóxica al diario.
El Estado prefiere a El Mercurio
Un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005 y citado por PF, reveló que El Mercurio se benefició con el 48% del gasto del Estado en publicidad en medios escritos, mientras Copesa absorbió el 29% de un total de 4.315 millones de pesos chilenos, equivalentes a 8 millones de dólares de la época, gastados por el gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Mientras el duopolio de Edwards y Saieh concentraba el 77% del total de esa inversión publicitaria, los diarios regionales, revistas y periódicos independientes percibieron apenas el 15%.
El gasto actual del Estado en publicidad en prensa escrita ascendería hoy a unos 9 millones de dólares, equivalentes al 25% de los 36 millones de dólares en que se estima el gasto publicitario total gubernamental. La televisión se lleva la mayor parte de los 27 millones de dólares restantes, en desmedro del medio radial. Los 9 millones que el Estado gasta en medios impresos representan el 1,3% del gasto público y privado en publicidad en Chile, estimado en 700 millones de dólares anuales, dato basado en informes de Megatime, que verifica la inversión publicitaria, y de otras empresas del rubro como Omnicom Media Group.
Según Fucatel, las carteras de Hacienda, Mideplán, Justicia y el Ministerio Público colocaron el 70% de su publicidad en El Mercurio, que recibió casi el 90% de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de las corporaciones públicas de Fomento (Corfo) y Nacional Forestal (Conaf) y del estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyos afiliados pertenecen en su mayoría a estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio.
Historia de un combate
La lucha de PF por la democratización del gasto estatal en publicidad comenzó en 2002, con una carta de Cabieses al presidente de la época –Ricardo Lagos–, pero tuvieron un hito importante el 13 de septiembre de 2006, cuando la revista recurrió al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, contra el incumplimiento de los principios de la “libre competencia” por parte del Estado. El Fiscal Vergara se tomó más de un año para responder –el 26 de octubre de 2007– que a “la libre competencia” sólo la regula “la mano invisible del mercado”: “De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”, dijo.
“[…] No se han allegado antecedentes o indicios que permitan sostener la existencia de infracciones a la libre competencia por parte del Estado o sus organismos en la contratación de avisaje en medios escritos, ni tampoco que indiquen la existencia de conductas colusivas u otras anticompetitivas por parte de las empresas con mayores participaciones de mercado”, afirmó el Fiscal.
Cabieses dijo que el 12 de junio de 2002 le manifestó al presidente Lagos “que las motivaciones discriminatorias de la empresa privada –de naturaleza esencialmente ideológica– «no deberían ser válidas para la publicidad estatal» ya que «al gobierno que reconstruye la democracia debería interesarle fomentar el pluralismo informativo y la libertad de información y opinión, cuidando sostener los escasos medios independientes y críticos que en Chile intentan hacer efectiva la diversidad»”.
El 26 de julio de 2002, el entonces ministro Secretario General de Gobierno,
Heraldo Muñoz, recibió a representantes de los medios independientes y del Colegio de Periodistas para darles a conocer la voluntad presidencial de buscar una solución al problema. Señaló que –por instrucciones del presidente de la República– se había orientado a ministerios y servicios públicos a distribuir la publicidad con un sentido de mayor equidad en resguardo del pluralismo informativo.
Pero no pasó gran cosa, excepto dos avisos del Programa del Voluntariado de la Dirección de Obras Sanitarias que PF publicó en octubre y diciembre de ese año. Cabieses relató que “el ministro Heraldo Muñoz fue reemplazado por el señor Francisco Vidal, a quien escribí el 13 de marzo de 2003: «Han pasado casi ocho meses y la política que se nos anunció todavía no se materializa. Los medios independientes siguen siendo excluidos hasta de campañas publicitarias de vasto interés ciudadano sobre salud y educación que promueve el gobierno»”.
La distribución anómala de la publicidad estatal en nada cambió. Entretanto, la revista cultural Rocinante dijo adiós a sus lectores por falta de ingresos publicitarios, mientras la discriminación continúa afectando a radios, medios electrónicos, estaciones de televisión comunitaria y periódicos independientes.
El 27 de abril de 2006 Cabieses le escribió a la presidenta Michelle Bachelet: “La solución real es una ley que establezca la obligación del Estado de distribuir en forma equitativa su publicidad para garantizar el derecho ciudadano de información y opinión. Sin embargo, entretanto, se necesitan medidas administrativas que hagan posible mayor igualdad en el acceso a la publicidad del Estado y que impidan así la extinción de la prensa independiente de Chile”.
Tampoco pasó nada. Cabieses recordó en la demanda que el 14 de junio de 2006 el entonces ministro Secretario General de Gobierno Ricardo Lagos Weber –hijo del ex presidente–, “eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto planteando y sostuvo que la contratación de publicidad se hace conforme el sistema de compra del Ministerio de Hacienda y que en los llamados a concursos y propuestas de clara identidad regional, provincial o comunal debía haber consideraciones especiales hacia los medios locales”.
Para PF, “se configura de manera muy clara, una infracción a la libre competencia, en la cual hay, sin duda, responsabilidades del Estado y también de las cadenas El Mercurio y Copesa en la distribución discriminatoria de la publicidad y avisaje estatal”. Añadió que esta situación “ha sido repetidamente denunciada por el Colegio de Periodistas, por medios independientes como Punto Final y por investigadores chilenos y extranjeros sobre la realidad de la prensa en Chile”.
Investigación del Congreso
La Cámara de Diputados también se interesó en la distribución asimétrica de la publicidad del Estado. El 17 de octubre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del Estado, presidida por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Su informe criticó la “discrecionalidad y concentración del gasto de la publicidad estatal” como fortalecedora del duopolio de los medios.
La Comisión, integrada por todos los sectores representados en el Parlamento y creada en junio de 2006, pidió una ley que regule la publicidad estatal y que el Estado asuma el deber de informar sobre las leyes que entran en vigencia, estableciendo mecanismos de apoyo a los medios locales o regionales.
"Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios", concluyeron los 69 diputados que aprobaron el informe. Concluyeron que "la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías" constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política.
También descubrieron que el Estado no sabe con exactitud cuánto gasta en publicidad en todos sus organismos, ya que los municipios, por ejemplo, son autónomos en sus gastos de propaganda y la Cámara de Diputados no puede fiscalizarlos. Recordaron que el Banco del Estado concurrió a la Comisión pero se negó a entregar información alegando una supuesta protección legal. Aunque la Contraloría le aplicó multas al “banco de todos los chilenos”, los diputados registraron que las empresas públicas deciden a su arbitrio y sin mayor control los gastos y métodos que utilizan para su publicidad.
La Cámara concluyó que el gasto en publicidad del Estado "es marginal en relación a la empresa privada", situándolo en un 5 % de “la torta publicitaria” de 700 millones de dólares anuales, es decir, unos 35 millones de dólares. La televisión se lleva la mayor parte de esa torta, unos 27 millones de dólares.
Según información de la Dirección de Presupuesto, el ítem de Publicidad y Difusión de 2004 alcanzó a unos 21 millones de dólares (13.570 millones de pesos chilenos), 32 millones en 2005 (21.000 millones de pesos) y 15 millones de dólares hasta agosto de 2006 (10.000 millones de pesos). La comisión valoró que la publicidad estatal "puede ser significativa para los medios pequeños y regionales".
Los legisladores recomendaron una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva transparencia y eficiencia en la contratación y selección de medios, recomendando un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, para mejorar su calidad, y así favorecer el pluralismo y la libertad de expresión.
Los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados "por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios". Señalaron que el statu quo “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.
Este informe de los diputados tuvo escasa o ninguna difusión1 en los grandes medios. Nunca más se oyó hablar del tema.
Un mecanismo poco claro
A raíz de una seguidilla de escándalos en los contratos del ministerio de Obras Públicas, el gobierno de Lagos creó en 2003 el portal de comercio electrónico ChileCompra.cl, para “transparentar” las licitaciones públicas, pero todavía “no existe claridad sobre la forma en que se distribuyen los recursos de inversión publicitaria de los servicios públicos”, alegó la demanda del director de PF.
“Si bien es cierto que existe el sistema Chile-Compra, en el cual PF y otros medios independientes se encuentran inscritos, la publicidad estatal se canaliza a los grandes medios por vías que no se corresponden con la igualdad de oportunidades y la libre competencia”, añadió. “Existe una verdadera política discriminatoria articulada desde el Estado que tiene una fuerte incidencia en el mercado de los medios de comunicación, favoreciendo ostensiblemente a unos en desmedro de otros, comprometiendo de esta forma la libre competencia. El mercado libre, en consecuencia es objeto de una intervención estatal, generándose entre servicios del Estado y los medios favorecidos por la política de avisajes verdaderas «trenzas» para controlar la publicidad estatal mediante tarifas y descuentos especiales, tratos y convenios directos con las empresas, porcentajes de comisiones que se reparten entre agentes de empresas publicitarias y funcionarios encargados de distribuir la publicidad fiscal, diversidad de obsequios y viajes para estos últimos, etc.”
También existe un marcado interés de ministros y autoridades por mantener las mejores relaciones con El Mercurio y La Tercera. “Es muy relevante en ese sentido la participación de ministros, parlamentario y dirigentes de partidos de gobierno en fundaciones creadas por El Mercurio, como Paz Ciudadana, y la presencia de los presidentes de la Republica y ministros de los gobiernos democráticos en las actividades sociales que organizan ambas empresas periodísticas”, argumentó la querella de PF.
Para adquirir "representación" y reivindicarse políticamente, después de haber solicitado directamente a Richard Nixon la intervención de EEUU contra Salvador Allende –sin excluir una invasión–, el ex vicepresidente mundial de la Pepsi Cola Agustín Edwards creó en 1992 la Fundación Paz Ciudadana, cuya misión es "contribuir a la disminución de la delincuencia a través de la colaboración técnica en la formulación de políticas", etc.2
La entidad terminó siendo designada por Lagos “asesora” gubernamental en diseño de políticas antidelincuencia. Hoy se jacta de su influencia en esa área, aunque nunca ha encargado un estudio que relacione delincuencia con exclusión social. El comerciante Edwards se las arregló para participar en las decisiones del gobierno de Chile sin que nadie lo eligiera.
En la cúpula de Paz Ciudadana figuran conspicuos miembros del gobierno y de los partidos que lo sustentan. Sergio Bitar, actual ministro de Obras Públicas, ex ministro de Educación y ex presidente del Partido por la Democracia (PPD) funge como vicepresidente y secretario. Uno de sus 6 directores es el ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, responsable de las políticas gubernamentales anti-delincuencia y vicepresidente en ausencia de la jefa del Estado.
En la jefatura de este exclusivo club de Edwards se encuentra también Soledad Alvear Valenzuela, ex canciller, ex ministra de Justicia, ex aspirante presidencial y ex presidenta del partido Demócrata Cristiano. También José Joaquín Brünner Ried, ex ministro de Educación y ex ministro Secretario General de Gobierno, considerado un experto en educación pública, pero... con fines de lucro.
Los directores restantes son Paola Luksic Fontbona, de la familia más rica de Chile por su control del cobre y otros negocios; Alfredo Moreno Charmé, formado en la escuela de Economía de la Universidad de Chicago y ligado a los grupos económicos Del Río (Falabella-Sodimac) y Penta (Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano); y Jaime Orpis Bouchón, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal herencia política del pinochetismo
La demanda de PF ante el TDLC menciona una “trama de relaciones políticamente incestuosas” que “estaría infringiendo la igualdad de trato que el Estado debe mantener en sus compras conforme a la ley 19.886 (de base sobre contratos administrativos, de consumo y prestación de servicios)”. Esa ley, además, “no autoriza discriminación a favor de un agente determinado, a menos que se trate de un caso excepcional y debidamente fundado” y las excepciones no incluyen al avisaje ni los servicios de publicidad. La ley tampoco autoriza que tales servicios sean eximidos de concursabilidad.
La cuestión de fondo es la existencia de “una política estatal interventora de la libre competencia y no una cuestión circunstancial, señaló la acusación de PF. La demanda cita el libro Las dos caras de la libertad de expresión, del académico y periodista Walter Krohne, publicado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en 2005. Existe también otro estudio de 2008, El precio del silencio3, que describe cómo se arreglan en Chile los contratos de publicidad del Estado “licitados” a través del portal ChileCompras.cl, rebautizado como MercadoPúblico.cl.
Si la batalla judicial nos prospera, una vez agotadas todas las instancias judiciales en Chile, sólo queda la posibilidad de reclamar justicia en la Corte Interamericana. Mientras avanza la regulación e intervención del Estado en el gran capitalismo mundial –EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, etc.–, una norma que regule la publicidad privada y meta mano en la concentración de la propiedad mediática aún suena a ciencia ficción en este país embriagado de ideología neoliberal.
Notas:
1) Ver informe en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmid...
2) Ver http://www.pazciudadana.cl/fpc-misi...).
3) El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina, Asociación por los Derechos Civiles de Córboba, Argentina, 2008.
Ernesto Carmona
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peace.
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