El empresario venezolano Guido Antonini Wilson, requerido por la Justicia argentina por el "escándalo del maletín", asegura que era "vox pópuli" el cobro de sobornos o comisiones ilegales a empresarios por parte del Gobierno argentino para exportar a Venezuela. Antonini, a quien en 2007 le fueron incautados en Buenos Aires 800.000 dólares que pretendía introducir al país sin declarar, explica que el ex funcionario de la cartera de Planificación de Argentina Claudio Uberti dirigía en Caracas una oficina donde se cobraba el "peaje" durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
El ex embajador argentino en Caracas Eduardo Sadous denunció la semana pasada ante la Justicia argentina que Julio de Vido, que fue ministro de Planificación con Kirchner y mantiene el mismo cargo en el gabinete de la presidenta Cristina Fernández, cobraba una suerte de "peaje" a quien quisiera hacer negocios con Venezuela, lo que el ministro ha negado rotundamente.
El embajador, que compareció ante el juez federal Julián Ercolini, quien instruye una causa por "asociación ilícita" presentada por la opositora Coalición Cívica contra Kirchner y De Vido, entre otros, aseguró que la relación comercial entre Argentina y Venezuela la manejaba Uberti, también involucrado en la mencionada causa judicial.
Wilson se refiere al "guiso del fideicomiso" cuando indica que Uberti, que tuvo que dimitir en 2007 precisamente por el "escándalo del maletín", "había llegado a tener el descaro de montar una oficina en Caracas donde la gente tenía que pagar el peaje". "Todo aquel que quería trabar negocios entre Venezuela y Argentina te hablaba de la existencia de coimas", insistió.
El venezolano, que reside en Estados Unidos, explica que "un alto directivo" de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cumplió funciones en Argentina le aseguró que "lo sacaron del puesto por tratar de acabar con los peajes y que el mandatario argentino (Néstor Kirchner) pidió su cabeza".
Asegura que cada vez que intentaban acabar con los sobornos "sacaban del puesto a alguien o lo cambiaban. Incluso lo botaban (despedían) malamente. El comentario era que cada vez que le llevaban una prueba a (el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez y éste se quejaba a PDVSA, inmediatamente en PDVSA cambiaban a alguien o lo mandaban a alguna embajada".
"Ése era el miedo que le tenían en Venezuela a los argentinos. Hasta Kirchner llamaba si algo pasaba, por supuesto que bajo ese manto Uberti se sentía como el padrino. Se creía el papel", añadió.
Asimismo, explica que en Caracas "había enojo con los argentinos porque sólo ellos ponían las condiciones".
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, señaló esta semana que las denuncias por el presunto pago de sobornos "son una gran mentira orquestada con vocaciones politiqueras".
La prensa argentina publicó las declaraciones de un empresario argentino que declaró haber pagado una comisión del 15% a una firma con filial en Miami por la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela.
El ejecutivo, que pidió reserva de su identidad, mostró la factura que le entregó la empresa Palmat International por el pago de la comisión.
El juez Ercolini investiga a dos firmas, una de ellas Palmat International, que supuestamente cobraron comisiones por intermediar en ventas de maquinaria agrícola argentina a Venezuela.
Algunos empresarios consultados por la prensa local admitieron que tenían que pagar a una firma intermediaria para exportar al país caribeño pero no lo consideraron un soborno, mientras que otros directamente han negado irregularidades en estas operaciones comerciales.
El diario La Nación publica hoy que los empresario argentinos que exportaron maquinaria agrícola a Venezuela pagaron a los intermediarios comisiones por, al menos, 43 millones de dólares, en las operaciones que ahora investiga la Justicia por el supuesto pago de sobornos, según una información obtenida por firmas del sector en la que no aclara la fuente exacta.
El "caso del maletín" se produjo en 2007, antes de las elecciones presidenciales, cuando Antonini Wilson viajó a Argentina en un avión rentado por funcionarios de la estatal Energía Argentina (Enarsa) que regresaban del país caribeño junto con directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Esto desembocó en un escándalo a fines de 2007, cuando en un juicio por espionaje venezolano en Estados Unidos un fiscal de Miami difundió grabaciones de conversaciones de Antonini Wilson según las cuales los 800.000 dólares estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández. EFE
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