Piedras, espinas y lobos feroces esperan a los periodistas venezolanos en las calzadas del reporterismo. Desde el primero de enero de 2006 hasta el tres de mayo de 2007, continuaron saltando esos obstáculos y sus consecuencias para llegar a la meta: informar libremente. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) analizó en su reporte anual Un punto de inflexión las 85 alertas de censura y autocensura que se presentaron en tierras venezolanas durante este período.
El panorama luce menos optimista que hace dos años, pero en 2004, la creación de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) marcó el inicio de un silencio reglamentado.\u003cbr\>2004, año del Referendo Revocatorio. Todo seguía su curso y según el IPYS “hubo libre ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión e información”. Desde el 2000 hasta el año que transcurría, fueron 600 las agresiones callejeras contabilizadas. Sin embargo, analizaron en el documento que los daños a periodistas, equipos técnicos y medios de comunicación social habían disminuido en relación con el 2003, como consecuencia de la actividad política de la oposición y el oficialismo de cara a la consulta popular y a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.Entonces, los medios prometieron la cobertura equilibrada de las informaciones, pero la polémica se inició tras la aprobación en Asamblea Nacional y después por el presidente Hugo Chávez\n Frías de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Con ella, emerge la más evidente de las amenazas de censura y autocensura en Venezuela.
El panorama luce menos optimista que hace dos años, pero en 2004, la creación de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) marcó el inicio de un silencio reglamentado.\u003cbr\>2004, año del Referendo Revocatorio. Todo seguía su curso y según el IPYS “hubo libre ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión e información”. Desde el 2000 hasta el año que transcurría, fueron 600 las agresiones callejeras contabilizadas. Sin embargo, analizaron en el documento que los daños a periodistas, equipos técnicos y medios de comunicación social habían disminuido en relación con el 2003, como consecuencia de la actividad política de la oposición y el oficialismo de cara a la consulta popular y a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.Entonces, los medios prometieron la cobertura equilibrada de las informaciones, pero la polémica se inició tras la aprobación en Asamblea Nacional y después por el presidente Hugo Chávez\n Frías de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Con ella, emerge la más evidente de las amenazas de censura y autocensura en Venezuela.
En el 2005 la coacción se hizo realidad, y bien lo refirió el IPYS en su informe anual: “Polarización política y violencia contra prensa disminuyeron (...) pero estas limitaciones se orientaron más hacia la intimidación y la censura, dejando en segundo plano las agresiones físicas y los ataques violentos que caracterizaron los años anteriores”. Para entonces, las restricciones más frecuentes “tendieron hacia la negación de información, el paso a organismos del Estado y actividades gubernamentales y el establecimiento de normas extremadamente controladoras, especialmente en las fuentes judicial, deportiva y hospitalaria”.
El 2007 consumó el cierre de fuentes y la autocensura de los periodistas. Aunque los voceros del Gobierno sostienen el avance de Venezuela hacia una mayor libertad de expresión, los hechos\n evidencian lo contrario. El retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) es un ejemplo. La censura directa e indirecta tiene cuerpo en Venezuela."
El panorama luce menos optimista que hace dos años, pero en 2004, la creación de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) marcó el inicio de un silencio reglamentado.2004, año del Referendo Revocatorio. Todo seguía su curso y según el IPYS “hubo libre ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión e información”. Desde el 2000 hasta el año que transcurría, fueron 600 las agresiones callejeras contabilizadas. Sin embargo, analizaron en el documento que los daños a periodistas, equipos técnicos y medios de comunicación social habían disminuido en relación con el 2003, como consecuencia de la actividad política de la oposición y el oficialismo de cara a la consulta popular y a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.Entonces, los medios prometieron la cobertura equilibrada de las informaciones, pero la polémica se inició tras la aprobación en Asamblea Nacional y después por el presidente Hugo Chávez Frías de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Con ella, emerge la más evidente de las amenazas de censura y autocensura en Venezuela.En el 2005 la coacción se hizo realidad, y bien lo refirió el IPYS en su informe anual: “Polarización política y violencia contra prensa disminuyeron (...) pero estas limitaciones se orientaron más hacia la intimidación y la censura, dejando en segundo plano las agresiones físicas y los ataques violentos que caracterizaron los años anteriores”. Para entonces, las restricciones más frecuentes “tendieron hacia la negación de información, el paso a organismos del Estado y actividades gubernamentales y el establecimiento de normas extremadamente controladoras, especialmente en las fuentes judicial, deportiva y hospitalaria”.El 2007 consumó el cierre de fuentes y la autocensura de los periodistas. Aunque los voceros del Gobierno sostienen el avance de Venezuela hacia una mayor libertad de expresión, los hechos evidencian lo contrario. El retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) es un ejemplo. La censura directa e indirecta tiene cuerpo en Venezuela.
El panorama luce menos optimista que hace dos años, pero en 2004, la creación de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) marcó el inicio de un silencio reglamentado.2004, año del Referendo Revocatorio. Todo seguía su curso y según el IPYS “hubo libre ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión e información”. Desde el 2000 hasta el año que transcurría, fueron 600 las agresiones callejeras contabilizadas. Sin embargo, analizaron en el documento que los daños a periodistas, equipos técnicos y medios de comunicación social habían disminuido en relación con el 2003, como consecuencia de la actividad política de la oposición y el oficialismo de cara a la consulta popular y a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.Entonces, los medios prometieron la cobertura equilibrada de las informaciones, pero la polémica se inició tras la aprobación en Asamblea Nacional y después por el presidente Hugo Chávez Frías de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Con ella, emerge la más evidente de las amenazas de censura y autocensura en Venezuela.En el 2005 la coacción se hizo realidad, y bien lo refirió el IPYS en su informe anual: “Polarización política y violencia contra prensa disminuyeron (...) pero estas limitaciones se orientaron más hacia la intimidación y la censura, dejando en segundo plano las agresiones físicas y los ataques violentos que caracterizaron los años anteriores”. Para entonces, las restricciones más frecuentes “tendieron hacia la negación de información, el paso a organismos del Estado y actividades gubernamentales y el establecimiento de normas extremadamente controladoras, especialmente en las fuentes judicial, deportiva y hospitalaria”.El 2007 consumó el cierre de fuentes y la autocensura de los periodistas. Aunque los voceros del Gobierno sostienen el avance de Venezuela hacia una mayor libertad de expresión, los hechos evidencian lo contrario. El retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) es un ejemplo. La censura directa e indirecta tiene cuerpo en Venezuela.
Silencio en la sala
En el día del periodista, no esperaba el IPYS ser propagador de malas noticias. Pero le tocó: “Se ha llegado (...) a formas cuanto más institucionales, más sofisticadas de la intimidación: el uso discrecional del sistema judicial para evitar querellas personales desde posiciones de poder, investigaciones tributarias y fiscalizaciones de todo tipo y el zurcido invisible de un corset legislativo que enmarca, cada vez más, el ejercicio del periodismo”, escribe el director ejecutivo del IPYS, Ewald Scharfenberg, en el informe .\u003cbr\>Y es que las dos terceras partes de las alertas recibidas en el foro de periodismo independiente, corresponden a amenazas y agresiones contra la vida del periodista (42%); imputaciones, presiones, disposiciones o penalidades derivadas de la aplicación de\n leyes de desacato o de cualquier medida de protección a los funcionarios públicos (14%); e impedimentos para el acceso a la información y fuentes públicas (13%).\u003cbr\>Sin embargo, la censura y autocensura indirecta debutó y con resultados para el ejercicio del periodismo.
El IPYS concluyó que “arbitrariedad” es la palabra que mejor define las medidas implementadas en el 2007 para restringir la libertad de prensa. Evidentes fueron entonces la competencia desleal por parte de medios dominantes, privados o del Estado; la asignación arbitraria de pauta publicitaria oficial a medios de comunicación, y de frecuencias de radio y televisión; el uso arbitrario de controles administrativos y tributarios, la asignación arbitraria de créditos oficiales; y la asignación arbitraria de cupos para importación de materiales importados o asignación de divisas para la importación.
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