La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, expresó hoy su preocupación por la "continua persecución" que sufre Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV Internacional) por parte del gobierno.
El presidente Hugo Chávez exige que el canal se registre antes del próximo miércoles como productor nacional ante Conatel para que su señal pueda seguir saliendo por los sistemas de cable y satélite.
"Con esta nueva embestida pueden quedar pocas dudas sobre la persecución y la obsesión de parte del gobierno venezolano de acabar con cualquier voz crítica a su gestión", señaló hoy en un comunicado Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El ministro para las Telecomunicaciones, Jesse Chacón, informó la semana pasada que RCTV Internacional tenía que cumplir con la ley audiovisual vigente y entrar en cadena con la señal gubernamental para transmitir mensajes oficiales.
Sin embargo, los directivos de RCTV Internacional insisten en que su canal responde a compromisos de audiencia en otros países y que, por lo tanto, debe ser tratado como otros canales internacionales que operan en Venezuela y que no asumen las obligaciones de transmitir "las cadenas gubernamentales".
RCTV Internacional comenzó a emitir por los sistemas de televisión por suscripción el pasado 17 de julio, cincuenta días después de que la señal en abierto bajo la denominación RCTV cesara sus transmisiones.
El gobierno no le renovó entonces su última licencia, de veinte años, "bajo las argucias de que el canal era opositor y había colaborado en el fallido golpe de estado de abril de 2002", indicó la SIP.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, indicó que, más allá de que el gobierno insista en que sólo está haciendo cumplir la ley, lo que se debe tener en cuenta "es que la SIP siempre criticó la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión (ley de contenidos) desde su gestión".
Explicó que esta ley se creó como un "instrumento del Estado para someter a los medios de comunicación".
"Hoy observamos el resultado de cómo una ley por más legítima que sea, sigue siendo ilícita moralmente", apostilló.
Marroquín aseguró que ningún país que se precie de ser democrático obliga a los medios de comunicación, en cualquier momento y a cualquier hora, a transmitir en cadena los discursos propagandísticos de un jefe de Estado.
Directivos de RCTV confiaron a la SIP que RCTV Internacional no aceptaría "los lineamientos del gobierno" y que entienden que los canales de cables locales "quitarán su señal del aire para evitar ser sancionados".
El presidente Hugo Chávez exige que el canal se registre antes del próximo miércoles como productor nacional ante Conatel para que su señal pueda seguir saliendo por los sistemas de cable y satélite.
"Con esta nueva embestida pueden quedar pocas dudas sobre la persecución y la obsesión de parte del gobierno venezolano de acabar con cualquier voz crítica a su gestión", señaló hoy en un comunicado Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El ministro para las Telecomunicaciones, Jesse Chacón, informó la semana pasada que RCTV Internacional tenía que cumplir con la ley audiovisual vigente y entrar en cadena con la señal gubernamental para transmitir mensajes oficiales.
Sin embargo, los directivos de RCTV Internacional insisten en que su canal responde a compromisos de audiencia en otros países y que, por lo tanto, debe ser tratado como otros canales internacionales que operan en Venezuela y que no asumen las obligaciones de transmitir "las cadenas gubernamentales".
RCTV Internacional comenzó a emitir por los sistemas de televisión por suscripción el pasado 17 de julio, cincuenta días después de que la señal en abierto bajo la denominación RCTV cesara sus transmisiones.
El gobierno no le renovó entonces su última licencia, de veinte años, "bajo las argucias de que el canal era opositor y había colaborado en el fallido golpe de estado de abril de 2002", indicó la SIP.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, indicó que, más allá de que el gobierno insista en que sólo está haciendo cumplir la ley, lo que se debe tener en cuenta "es que la SIP siempre criticó la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión (ley de contenidos) desde su gestión".
Explicó que esta ley se creó como un "instrumento del Estado para someter a los medios de comunicación".
"Hoy observamos el resultado de cómo una ley por más legítima que sea, sigue siendo ilícita moralmente", apostilló.
Marroquín aseguró que ningún país que se precie de ser democrático obliga a los medios de comunicación, en cualquier momento y a cualquier hora, a transmitir en cadena los discursos propagandísticos de un jefe de Estado.
Directivos de RCTV confiaron a la SIP que RCTV Internacional no aceptaría "los lineamientos del gobierno" y que entienden que los canales de cables locales "quitarán su señal del aire para evitar ser sancionados".
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