Fuente: EL UNIVERSAL-
Un grupo de periodistas señalados de recibir dinero de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez, solicitará a la Asamblea Nacional un derecho a réplica "en las mismas condiciones y términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes", la abogada Eva Golinger y el conductor del programa La Hojilla, Mario Silva.
Los comunicadores hicieron público un manifiesto en el que "Deploran que se pretenda utilizar al Poder Legislativo como órgano de amedrentamiento y difamación para iniciar una investigación con claros fines de campaña política".
En rueda de prensa realizada en la sede del Sindicato Nacional de trabajadores de la Prensa (SNTP), denunciaron que en los medios oficialistas e incluso en las páginas web de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han publicado sus nombres y en algunos casos hasta sus fotos acusándolos infundadamente de ser "traidores a la patria" y "colocándoles como objetivos de guerra".
El documento, que fue suscrito por 12 de los 33 periodistas sindicados por haber asistido a actividades de intercambio cultural patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos, expresa el rechazo del grupo "a que en forma deliberada se les señale de haber incurrido en delitos que no están determinados en la ley como tales, y sin que hasta el momento medie una investigación penal, ni se hayan presentado pruebas en su contra, ni se haya obtenido decisión judicial alguna".
Consideran además que están siendo víctimas de una campaña política, pues los acusadores y la Asamblea Nacional, ignorando la verdadera naturaleza de estos programas, pretenden relacionar tales intercambios con actividades ilegales que constituirían un supuesto delito como el que se les pretende imputar.
Se preguntan por qué se han suprimido de la lista a periodistas de medios oficialistas y a otros personajes del Gobierno que también participaron en estas actividades de intercambio.
En el escrito, que fue leído por Aliana González, periodista de El Universal, los comunicadores "repudiaron que con estas acusaciones se les pretenda amedrentar en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al poner en tela de juicio su ética profesional y su integridad como venezolanos".
"La credibilidad es una condición fundamental para el trabajo de los periodistas, la exposición al odio público nos afecta, no sólo como personas, sino profesionalmente. Hacemos responsables a los voceros de esta maniobra, especialmente a los diputados, de cualquier ataque que podamos sufrir".
Reiteran que como participantes o invitados a programas de intercambio cultural, en ningún caso se les ha propuesto o se han comprometido política o laboralmente con los patrocinantes.
Informaron que no se han planteado como grupo ejercer acciones legales contra quienes los han acusado.
Los comunicadores hicieron público un manifiesto en el que "Deploran que se pretenda utilizar al Poder Legislativo como órgano de amedrentamiento y difamación para iniciar una investigación con claros fines de campaña política".
En rueda de prensa realizada en la sede del Sindicato Nacional de trabajadores de la Prensa (SNTP), denunciaron que en los medios oficialistas e incluso en las páginas web de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han publicado sus nombres y en algunos casos hasta sus fotos acusándolos infundadamente de ser "traidores a la patria" y "colocándoles como objetivos de guerra".
El documento, que fue suscrito por 12 de los 33 periodistas sindicados por haber asistido a actividades de intercambio cultural patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos, expresa el rechazo del grupo "a que en forma deliberada se les señale de haber incurrido en delitos que no están determinados en la ley como tales, y sin que hasta el momento medie una investigación penal, ni se hayan presentado pruebas en su contra, ni se haya obtenido decisión judicial alguna".
Consideran además que están siendo víctimas de una campaña política, pues los acusadores y la Asamblea Nacional, ignorando la verdadera naturaleza de estos programas, pretenden relacionar tales intercambios con actividades ilegales que constituirían un supuesto delito como el que se les pretende imputar.
Se preguntan por qué se han suprimido de la lista a periodistas de medios oficialistas y a otros personajes del Gobierno que también participaron en estas actividades de intercambio.
En el escrito, que fue leído por Aliana González, periodista de El Universal, los comunicadores "repudiaron que con estas acusaciones se les pretenda amedrentar en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al poner en tela de juicio su ética profesional y su integridad como venezolanos".
"La credibilidad es una condición fundamental para el trabajo de los periodistas, la exposición al odio público nos afecta, no sólo como personas, sino profesionalmente. Hacemos responsables a los voceros de esta maniobra, especialmente a los diputados, de cualquier ataque que podamos sufrir".
Reiteran que como participantes o invitados a programas de intercambio cultural, en ningún caso se les ha propuesto o se han comprometido política o laboralmente con los patrocinantes.
Informaron que no se han planteado como grupo ejercer acciones legales contra quienes los han acusado.
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