Especial
V&L
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), como toda organización gremial de empresas privadas en el ámbito universal, ha expresado que entiende y comparte la presencia del “Estado regulador” en el país; es decir, que la definición de reglas del juego para la interacción colectiva constituye la principal de las funciones del Estado bajo todos los regímenes políticos económicos.
Además, entiende que las democracias capitalistas son las que más reglas necesitan, ya que sin reglas no existe competencia política ni económica, que estas reglas nunca terminan de perfeccionarse y que la sofisticación que han alcanzado en el mundo desarrollado es quizás uno de los mayores logros de la humanidad, pero deben ser concertadas y administradas con el sector privado.
Sin embargo, y contrariamente a esa tendencia, el dictador Chávez ha expresado con claridad su propósito a través del modelo productivo socialista (léase neo-comunista) que sigue en el “Plan de Desarrollo Económico y Social 2007- 2012”. Este documento fue aprobado por la Asamblea Nacional, sin modificaciones, a pesar de que días antes el presidente de la República había perdido el referendo constitucional.
Pilares del modelo productivo socialista
El modelo en referencia se fundamenta en dos pilares: “la propiedad social y el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país …se hará énfasis en la industria básica no energética (no petrolera), la producción de alimentos, la manufactura en general y los servicios básicos a la población, y en apoyo a la producción, el turismo y otros”. Al final del párrafo citado, la palabra “otros” sugiere que en la práctica cualquier rubro puede considerarse “estratégico”, eventualmente.
Al control de la empresa privada por medio de innumerables actos inconstitucionales, regulaciones y leyes decretadas en estos nueve años, mediante el mecanismo de la “Ley Habilitante Presidencial” o la pasiva genuflexión de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se han sumado, como “broche de oro”, 26 leyes sancionadas y promulgadas el último día de vigencia de la también última “Ley Habilitante”, que no es otra cosa que la puesta en vigencia de la reforma constitucional propuesta por Chávez y sometida a referendo el pasado 2 de diciembre de 2007, y todo ello a pesar de que el pueblo venezolano dijo “no”, según Fedecamaras.
Gracias a ese sistema, Chávez ha impuesto regulaciones laborales, despidos injustificados, límites de jornadas, control de rentabilidad, limitación al lucro y control de precios, la definición de la usura como promedios de índices económicos del Banco Central de Venezuela, mecanismos de control popular en el control y gestión de empresas privadas, el financiamiento “parafiscal” de las actividades y programas del Gobierno, con aportes específicos y gavetas crediticias.
Asimismo, la transmisión de mensajes institucionales obligatorios y gratuitos, limitaciones a la propiedad privada mediante la nacionalización y/o expropiación, como extensión del ámbito el concepto de utilidad pública y perversión del Gobierno de indemnizaciones en un concepto no voluntario de la cogestión y autogestión de empresas públicas y privadas, han constituido el “andamiaje previo” de una verdadera debacle de la institucionalidad privada.
Lo llamativo del caso es que el régimen chavista ha captado el interés, la simpatía y la “admiración” del presidente Fernando Lugo, quien, de hecho, firmó secretamente una docena de “acuerdos” de cooperación con el mandamás venezolano.. Es de esperar que nuestro Presidente observe con atención lo que está sucediendo en el país caribeño y entienda que se trata de una absurda utopía que no es sostenible, salvo que el barril del petróleo se mantenga por encima de los 100 dólares “per sécula seculorum”.
Además, entiende que las democracias capitalistas son las que más reglas necesitan, ya que sin reglas no existe competencia política ni económica, que estas reglas nunca terminan de perfeccionarse y que la sofisticación que han alcanzado en el mundo desarrollado es quizás uno de los mayores logros de la humanidad, pero deben ser concertadas y administradas con el sector privado.
Sin embargo, y contrariamente a esa tendencia, el dictador Chávez ha expresado con claridad su propósito a través del modelo productivo socialista (léase neo-comunista) que sigue en el “Plan de Desarrollo Económico y Social 2007- 2012”. Este documento fue aprobado por la Asamblea Nacional, sin modificaciones, a pesar de que días antes el presidente de la República había perdido el referendo constitucional.
Pilares del modelo productivo socialista
El modelo en referencia se fundamenta en dos pilares: “la propiedad social y el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país …se hará énfasis en la industria básica no energética (no petrolera), la producción de alimentos, la manufactura en general y los servicios básicos a la población, y en apoyo a la producción, el turismo y otros”. Al final del párrafo citado, la palabra “otros” sugiere que en la práctica cualquier rubro puede considerarse “estratégico”, eventualmente.
Al control de la empresa privada por medio de innumerables actos inconstitucionales, regulaciones y leyes decretadas en estos nueve años, mediante el mecanismo de la “Ley Habilitante Presidencial” o la pasiva genuflexión de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se han sumado, como “broche de oro”, 26 leyes sancionadas y promulgadas el último día de vigencia de la también última “Ley Habilitante”, que no es otra cosa que la puesta en vigencia de la reforma constitucional propuesta por Chávez y sometida a referendo el pasado 2 de diciembre de 2007, y todo ello a pesar de que el pueblo venezolano dijo “no”, según Fedecamaras.
Gracias a ese sistema, Chávez ha impuesto regulaciones laborales, despidos injustificados, límites de jornadas, control de rentabilidad, limitación al lucro y control de precios, la definición de la usura como promedios de índices económicos del Banco Central de Venezuela, mecanismos de control popular en el control y gestión de empresas privadas, el financiamiento “parafiscal” de las actividades y programas del Gobierno, con aportes específicos y gavetas crediticias.
Asimismo, la transmisión de mensajes institucionales obligatorios y gratuitos, limitaciones a la propiedad privada mediante la nacionalización y/o expropiación, como extensión del ámbito el concepto de utilidad pública y perversión del Gobierno de indemnizaciones en un concepto no voluntario de la cogestión y autogestión de empresas públicas y privadas, han constituido el “andamiaje previo” de una verdadera debacle de la institucionalidad privada.
Lo llamativo del caso es que el régimen chavista ha captado el interés, la simpatía y la “admiración” del presidente Fernando Lugo, quien, de hecho, firmó secretamente una docena de “acuerdos” de cooperación con el mandamás venezolano.. Es de esperar que nuestro Presidente observe con atención lo que está sucediendo en el país caribeño y entienda que se trata de una absurda utopía que no es sostenible, salvo que el barril del petróleo se mantenga por encima de los 100 dólares “per sécula seculorum”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario