CARACAS.- “O aquí estamos en democracia y la Constitución tiene peso y vigencia, o no la tiene”. Con estas palabras el presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, rechazó las declaraciones que emitiera el pasado domingo el presidente Hugo Chávez, quien aseguró que en el país las tierras “no son privadas”.
El empresario advirtió que los venezolanos corren “un enorme riesgo de ver perder sus propiedades” y explicó que las afirmaciones del mandatario nacional anulan lo establecido en el artículo 115 de la Carta Magna, que reza: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes (...)”.
Aseveró que el anuncio presidencial corresponde a la eliminación de la propiedad privada y representa una violación a la Constitución.
Agregó que no hay desarrollo, inversión ni crecimiento posible si no se respeta este precepto constitucional, al tiempo que afirmó que más del 80% de los venezolanos “aspira a ser o es propietario de alguna propiedad o algunos bienes”.
Panorama difuso
Recalcó el dirigente empresarial que “ningún país puede funcionar sin respaldo jurídico y con arbitrariedades” y agregó que la visión del gobierno sobre este tema “es comunismo absoluto, sin matices, puro y simple. Esto es más comunismo que socialismo, con el agravante de que además no puede mostrar resultados, el gobierno ya ha afectado buena parte de las tierras del país y ninguna presenta resultados superiores o mejores”.
De su lado, el presidente de Fedecámaras, José Manuel González, destacó que el panorama económico venezolano “es de incertidumbre, sumamente difuso, sin reglas claras y con cada vez más restricciones y menos inversiones”, y auguró que en un futuro cercano habrá mayores controles por parte del Estado.
El dirigente de la cúpula empresarial hizo alusión a la Ley de Propiedad Social, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional (AN), la cual, dijo, creará una competencia desleal entre las empresas de producción social y el sector privado.
A su juicio, el anteproyecto “marginaliza” la propiedad privada, dejándola en un segundo plano. “Hay un vulgar engaño al pueblo haciéndole ver que ahora van a ser los dueños cuando lo que hay es una discrecionalidad total por parte del Ejecutivo”.
Al igual que Sigala, González aseveró que la inseguridad jurídica que se vive en el país trae como consecuencia menos inversiones.
Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la AN, Braulio Álvarez, expresó su satisfacción ante las políticas que en materia agrícola y pecuaria ha emprendido el gobierno, particularmente en lo que se refiere al rescate de tierras para adjudicarlas a los diversos movimientos campesinos.
Según el diputado, estas acciones garantizan la soberanía alimentaria. Sostuvo que es falso que el Ejecutivo no ofrezca resultados, pues recordó que éste ha invertido en la construcción de infraestructura a lo largo y ancho del país, generando más de 33 millones de toneladas métricas en productos alimenticios.
Oídos sordos
La Comisión de Desarrollo Social de la AN, en un encuentro con los sectores empresariales, informó sobre los 22 ejes o temas estratégicos para la nueva Ley del Trabajo “para la transición socialista”. Tras el encuentro, el representante de Fedecámaras, Aurelio Concheso, agradeció la invitación aunque argumentó que no podía hacer ni observaciones ni propuestas sobre algo que no existe. Dijo que tienen varios años tratando de dialogar con el gobierno nacional y los canales cada vez son más estrechos.
Apuntó que la mayoría de los sectores se encuentra en la misma situación, “ni nos oyen, ni nos escuchan, en torno a temas de política económica”.
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