Carolina Sanz
(V&L)
La crisis de abastecimiento de productos alimenticios básicos en Venezuela se encuentra en un callejón sin salida, afirmaron analistas hoy.”La ceguera del Gobierno le impide entender que la solución pasa por sentarse con el sector privado, elaborar un plan de emergencia bien estructurado, efectivo en el corto plazo y con efectos sostenibles en el tiempo. Por el contrario, el Gobierno elabora medidas paliativas unilaterales, incompletas y poco efectivas, por un lado. Mientras tanto, por el otro lado, sigue con sus amenazas y ataques sistemáticos al sector productivo privado, lo que lejos de solucionar el problema, empeora la situación”, indicó un editorial de Veneconomía, distribuido hoy.
Los analistas denunciaron que el gobierno tuvo la infeliz iniciativa de “ordenar a la Guardia Nacional que confiscara toda la mercancía que estuvieran trasladando las distribuidoras de alimentos por los estados fronterizos”.
El objetivo supuesto de esta "iniciativa" es impedir el contrabando de extracción. No obstante, de ser cierta la información dada por oficiales de la Guardia Nacional, que la mercancía decomisada se dará a la red Mercal para su distribución, el Gobierno estaría aplicando la política de "quítate tú, para ponerme yo", a favor de la estatal Mercal y en detrimento del sector privado, dejando desabastecidos a los miles de comerciantes privados que operan en la zona.Este tremendo desaguisado, ha impactado negativamente a diferentes distribuidores, y no ha traído nada positivo al consumidor. Por un lado, ha afectado a pequeños comerciantes que distribuyen productos perecederos, como huevos y verduras, los cuales han visto perder su mercancía y su dinero. Y también ha perjudicado a las más importantes distribuidoras, entre ellas a las Empresas Polar, a quien le decomisaron 27 camiones que llevaban 500 toneladas de alimento para surtir a las zonas de Táchira, Mérida y Bolívar, (igual a tres días de consumo). Con este tipo de medidas unilaterales y arbitrarias lo único que se logra es arreciar el problema de escasez y violar los derechos de propiedad, tanto de Polar como de pequeños y medianos empresarios, a quienes no se les garantiza el pago de la mercancía ilegalmente arrebatada.Ahora bien, a pesar de la grave situación de inseguridad jurídica de las empresas, este problema luce insignificante ante el problema mayor de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), la comercializadora del Estado de productos alimenticios de la cesta básica que surte a Mercal. Resulta que, para solventar la ineficacia y corrupción que corroe a CASA, el Gobierno no tuvo "mejor" idea que la insólita creación de la empresa Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL), adscrita a PDVSA, empresa sin experiencia en la compra-venta de alimentos. Lo más probable es que más pronto que tarde, PDVAL se convierta en otra nueva empresa estatal inoperante y corrupta. Y, peor aún, con esta nueva responsabilidad se agravará la situación de PDVSA, ya que se distraerán recursos, esfuerzos y capacidad gerencial de la ya disminuida Estatal petrolera, lo que acelerará su colapso.
(V&L)
La crisis de abastecimiento de productos alimenticios básicos en Venezuela se encuentra en un callejón sin salida, afirmaron analistas hoy.”La ceguera del Gobierno le impide entender que la solución pasa por sentarse con el sector privado, elaborar un plan de emergencia bien estructurado, efectivo en el corto plazo y con efectos sostenibles en el tiempo. Por el contrario, el Gobierno elabora medidas paliativas unilaterales, incompletas y poco efectivas, por un lado. Mientras tanto, por el otro lado, sigue con sus amenazas y ataques sistemáticos al sector productivo privado, lo que lejos de solucionar el problema, empeora la situación”, indicó un editorial de Veneconomía, distribuido hoy.
Los analistas denunciaron que el gobierno tuvo la infeliz iniciativa de “ordenar a la Guardia Nacional que confiscara toda la mercancía que estuvieran trasladando las distribuidoras de alimentos por los estados fronterizos”.
El objetivo supuesto de esta "iniciativa" es impedir el contrabando de extracción. No obstante, de ser cierta la información dada por oficiales de la Guardia Nacional, que la mercancía decomisada se dará a la red Mercal para su distribución, el Gobierno estaría aplicando la política de "quítate tú, para ponerme yo", a favor de la estatal Mercal y en detrimento del sector privado, dejando desabastecidos a los miles de comerciantes privados que operan en la zona.Este tremendo desaguisado, ha impactado negativamente a diferentes distribuidores, y no ha traído nada positivo al consumidor. Por un lado, ha afectado a pequeños comerciantes que distribuyen productos perecederos, como huevos y verduras, los cuales han visto perder su mercancía y su dinero. Y también ha perjudicado a las más importantes distribuidoras, entre ellas a las Empresas Polar, a quien le decomisaron 27 camiones que llevaban 500 toneladas de alimento para surtir a las zonas de Táchira, Mérida y Bolívar, (igual a tres días de consumo). Con este tipo de medidas unilaterales y arbitrarias lo único que se logra es arreciar el problema de escasez y violar los derechos de propiedad, tanto de Polar como de pequeños y medianos empresarios, a quienes no se les garantiza el pago de la mercancía ilegalmente arrebatada.Ahora bien, a pesar de la grave situación de inseguridad jurídica de las empresas, este problema luce insignificante ante el problema mayor de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), la comercializadora del Estado de productos alimenticios de la cesta básica que surte a Mercal. Resulta que, para solventar la ineficacia y corrupción que corroe a CASA, el Gobierno no tuvo "mejor" idea que la insólita creación de la empresa Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL), adscrita a PDVSA, empresa sin experiencia en la compra-venta de alimentos. Lo más probable es que más pronto que tarde, PDVAL se convierta en otra nueva empresa estatal inoperante y corrupta. Y, peor aún, con esta nueva responsabilidad se agravará la situación de PDVSA, ya que se distraerán recursos, esfuerzos y capacidad gerencial de la ya disminuida Estatal petrolera, lo que acelerará su colapso.
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