Carlos Pérez
(V&L)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, inició audiencias para analizar una demanda contra Venezuela presentada por un grupo de trabajadores del canal televisivo venezolano Globovisión.
La Corte escucha en audiencias durante este miércoles y jueves a los testigos y peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Washington), que elevó el caso ante la Corte, así como a los representantes y testigos del Esta
do.
La demanda establece que el Estado venezolano violentó los derechos de un grupo de 44 personas vinculadas a Globovisión, entre ellos periodistas y personal administrativo y técnico, según fuentes de la Corte.
A esas personas, el Estado les habría violentado a partir del año 2001 una serie de garantía como el derecho a la integridad personal, garantías judiciales y de protección, así como la libertad de pensamiento y expresión, consagradas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, los representantes del Estado pedirán que el caso sea archivado, alegando entre otras cosas que los demandantes no agotaron los recursos ordinarios jurídicos de Venezuela para ventilar su caso.
Venezuela también ha puesto en entredicho “la parcialidad en las funciones que desempeñan algunos jueces integrantes de la Corte”.
(V&L)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, inició audiencias para analizar una demanda contra Venezuela presentada por un grupo de trabajadores del canal televisivo venezolano Globovisión.
La Corte escucha en audiencias durante este miércoles y jueves a los testigos y peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Washington), que elevó el caso ante la Corte, así como a los representantes y testigos del Esta
do.La demanda establece que el Estado venezolano violentó los derechos de un grupo de 44 personas vinculadas a Globovisión, entre ellos periodistas y personal administrativo y técnico, según fuentes de la Corte.
A esas personas, el Estado les habría violentado a partir del año 2001 una serie de garantía como el derecho a la integridad personal, garantías judiciales y de protección, así como la libertad de pensamiento y expresión, consagradas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, los representantes del Estado pedirán que el caso sea archivado, alegando entre otras cosas que los demandantes no agotaron los recursos ordinarios jurídicos de Venezuela para ventilar su caso.
Venezuela también ha puesto en entredicho “la parcialidad en las funciones que desempeñan algunos jueces integrantes de la Corte”.
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