La confirmación por parte de un equipo forense internacinoal de que las computadoras portátiles y los discos duros capturados por Colombia originadas en un campamento terrorista de las FARC debe abrir una nueva era en las relaciones entre el mundo democrático y el gobierno venezolano de Hugo Chávez. El que sea así dependerá en gran medida en cómo Colombia y los Estados Unidos manejen esta rica pero complicada oportunidad.
Las computadoras y discos duros contienen una sorprendente cantidad de 610 gigas de información, de acuerdo a la Interpol, incluyendo 983 archivos encriptados que fueron abiertos por el equipo. Lo que ya se sabe es suficiente para demostrar que Chávez y altos funcionarios de su gobierno, ejército y servicios de inteligencia tienen extensas relaciones clandestinas con las FARC y que Venezuela ofreció al grupo guerrillero armamento, dinero y protección. Ecuador, que bajo el presidente Rafael Correa se ha convertido en un satélite de Venezuela, tiene menos lazos pero también incriminatorios con el grupo guerrillero, que se especializa en tráfico de drogas, secuestros y masacre de civiles.
Esta evidencia es suficiente para condenar legalmente a Chávez y sus colaboradores de apoyar el terrorismo contra un gobierno democrático. Si Venezuela fuese un país europeo o asiático, seguramente se convertiría en un país paria virtualmente de la noche a la mañana. Pero Venezuela está en América Latina, donde los gobiernos se niegan a criticar a sus vecinos, grupos terroristas que profesan una ideología izquierdista que con frecuencia gana simpatizantes en Europa y los Estados Undios, y demagogos como Chávez pueden usar la hostilidad hacia Washington para su provecho. Esa es, desde luego, la estrategia de Venezuela: lejos de ni siquiera intentar responder a los contenidos de las computadoras, Chávez está describiéndolas como un complot de la CIA y un pretexto para una invasión de Estados Unidos.
Y es aquí donde yace la mejor estrategia de aproximación al problema por parte de Colombia y Estados Unidos. Ya que ni Chávez ni Correa han ofrecido una respuesta creible o si quiera seria al material de las computadoras, ellos deberïan ser confrontados firme y repetidamente y sin descanso con la evidencia, y exigirles respuestas. Colombia puede hacer esto haciendo una petición a la Organización de Estados Americanos para determinar si Venezuela y Ecuador han violado la carta democrática; también podría solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas juzgar si los dos gobiernos violaron la resolución 1373, aprobada en Septiembre del 2001, que prohibe a todos los estados miembros proveer financiamiento o protección a organizaciones terroristas. El presidente Alvaro Uribe debería ordenar que todos los materiales capturados sean colocados en la Internet. Esto debería al menos exponer la conducta de Chávez al escrutinio global, y dificultarle a los países y a los líderes políticos que han tratado de ignorar o excusarlo, desde vecinos como Brasil, hasta algunos líderes demócratas de Estados Unidos.
Algunos congresistas ya están pidiendo que Venezuela sea colocada en la lista de países que patrocinan el terrorismo según el Departamento de Estado. Mientras que esta designación podría estar justificada e incluso obligada por las leyes norteamericanas, esto podría sencillamente reforzar la narrativa antinorteamericana de Chávez. Una mejor decisión sería señalar y sancionar a las firmas venezolanas y a personas comprometidas según las evidencias de la computadora, tales como los generales que se han estado reuniendo secretamente y haciendo negocios con los líderes de las FARC. El castigo a todos los venezolanos tendría poco sentido. Después de todo, el país recientemente votó en contra de los intentos de Chávez de prolongar e institucionalizar su mandato. Si se maneja adecuadamente, el escándalo de las computadoras seguramente profundizará el hueco en la política en el cual esta supuesta revolución "Bolivariana" se está hundiendo.
Las computadoras y discos duros contienen una sorprendente cantidad de 610 gigas de información, de acuerdo a la Interpol, incluyendo 983 archivos encriptados que fueron abiertos por el equipo. Lo que ya se sabe es suficiente para demostrar que Chávez y altos funcionarios de su gobierno, ejército y servicios de inteligencia tienen extensas relaciones clandestinas con las FARC y que Venezuela ofreció al grupo guerrillero armamento, dinero y protección. Ecuador, que bajo el presidente Rafael Correa se ha convertido en un satélite de Venezuela, tiene menos lazos pero también incriminatorios con el grupo guerrillero, que se especializa en tráfico de drogas, secuestros y masacre de civiles.
Esta evidencia es suficiente para condenar legalmente a Chávez y sus colaboradores de apoyar el terrorismo contra un gobierno democrático. Si Venezuela fuese un país europeo o asiático, seguramente se convertiría en un país paria virtualmente de la noche a la mañana. Pero Venezuela está en América Latina, donde los gobiernos se niegan a criticar a sus vecinos, grupos terroristas que profesan una ideología izquierdista que con frecuencia gana simpatizantes en Europa y los Estados Undios, y demagogos como Chávez pueden usar la hostilidad hacia Washington para su provecho. Esa es, desde luego, la estrategia de Venezuela: lejos de ni siquiera intentar responder a los contenidos de las computadoras, Chávez está describiéndolas como un complot de la CIA y un pretexto para una invasión de Estados Unidos.
Y es aquí donde yace la mejor estrategia de aproximación al problema por parte de Colombia y Estados Unidos. Ya que ni Chávez ni Correa han ofrecido una respuesta creible o si quiera seria al material de las computadoras, ellos deberïan ser confrontados firme y repetidamente y sin descanso con la evidencia, y exigirles respuestas. Colombia puede hacer esto haciendo una petición a la Organización de Estados Americanos para determinar si Venezuela y Ecuador han violado la carta democrática; también podría solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas juzgar si los dos gobiernos violaron la resolución 1373, aprobada en Septiembre del 2001, que prohibe a todos los estados miembros proveer financiamiento o protección a organizaciones terroristas. El presidente Alvaro Uribe debería ordenar que todos los materiales capturados sean colocados en la Internet. Esto debería al menos exponer la conducta de Chávez al escrutinio global, y dificultarle a los países y a los líderes políticos que han tratado de ignorar o excusarlo, desde vecinos como Brasil, hasta algunos líderes demócratas de Estados Unidos.
Algunos congresistas ya están pidiendo que Venezuela sea colocada en la lista de países que patrocinan el terrorismo según el Departamento de Estado. Mientras que esta designación podría estar justificada e incluso obligada por las leyes norteamericanas, esto podría sencillamente reforzar la narrativa antinorteamericana de Chávez. Una mejor decisión sería señalar y sancionar a las firmas venezolanas y a personas comprometidas según las evidencias de la computadora, tales como los generales que se han estado reuniendo secretamente y haciendo negocios con los líderes de las FARC. El castigo a todos los venezolanos tendría poco sentido. Después de todo, el país recientemente votó en contra de los intentos de Chávez de prolongar e institucionalizar su mandato. Si se maneja adecuadamente, el escándalo de las computadoras seguramente profundizará el hueco en la política en el cual esta supuesta revolución "Bolivariana" se está hundiendo.
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