En un reportaje firmado desde Caracas, el prestigioso diario The New York Times (NYT) alerta sobre el impacto que tendrá en el país la nueva Ley Nacional de INteligencia y Contrainteligencia, que ha provocado duras críticas de grupos de derechos humanos y expertos juristas, que cuestionan que la ley forzará a los ciudadanos a convertirse en informantes del gobierno para evitar ir a la cárcel.
“Bajo la nueva ley, que entró en vigencia esta semana, los servicios de inteligencia principales en Venezuela, la policía secreta Disip y la agencia de inteligencia militar DIM, sera reemplazada por nuevas agencias, la Oficina General de Inteligencia y la Oficina General de Contrainteligencia, bajo el control de Chávez”.
La nueva legislación exige a todos los venezolanos y extranjeros residentes en el país cumplir con peticiones de información de estas agencias, cuya policía secreta y grupos de monitoreo comunitario son leales a Chávez. Negarse a cumplir con estas peticiones podría resultar en cárcel de dos a cuatro años para la mayoría de la gente, y cuatro a seis años para empleados del gobierno”, explicó el NYT.
“Estamos ante un conjunto de medidas que son una amenaza para todos”, djio Blanca Rosa Mármol León, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, el más alto tribunal de la república, en un raro ejemplo de dissension pública de un miembro de la corte. “Tengo una obligación de decir esto, como ciudadano y juez. Esto es un paso adelante para la creación de una sociedad de informantes”, dijo la magistrada al correponsal de NYT.
“Bajo la nueva ley, que entró en vigencia esta semana, los servicios de inteligencia principales en Venezuela, la policía secreta Disip y la agencia de inteligencia militar DIM, sera reemplazada por nuevas agencias, la Oficina General de Inteligencia y la Oficina General de Contrainteligencia, bajo el control de Chávez”.
La nueva legislación exige a todos los venezolanos y extranjeros residentes en el país cumplir con peticiones de información de estas agencias, cuya policía secreta y grupos de monitoreo comunitario son leales a Chávez. Negarse a cumplir con estas peticiones podría resultar en cárcel de dos a cuatro años para la mayoría de la gente, y cuatro a seis años para empleados del gobierno”, explicó el NYT.
“Estamos ante un conjunto de medidas que son una amenaza para todos”, djio Blanca Rosa Mármol León, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, el más alto tribunal de la república, en un raro ejemplo de dissension pública de un miembro de la corte. “Tengo una obligación de decir esto, como ciudadano y juez. Esto es un paso adelante para la creación de una sociedad de informantes”, dijo la magistrada al correponsal de NYT.
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