Arteaga: "El gobierno actuó con alevosía al promulgar las últimas 26 leyes de la Habilitante"

Ronald Guedez
(V&L)
[elnacional.com]

El Ejecutivo Nacional actuó con alevosía al promulgar las últimas 26 leyes a través de la Habilitante. Esta acción podría interpretarse como una implementación de los contenidos de la Reforma Constitucional, rechazada por los venezolanos en el referendo del 2 de diciembre.
Esta afirmación la hizo el abogado y profesor universitario, Alberto Arteaga, quien señaló que el Gobierno irrespetó nuevamente la Constitución al presentar decretos con rango, valor y fuerza de ley, fuera del tiempo autorizado por el Parlamento, que venció el primero de agosto.
"En derecho penal esto podría definirse como una acción alevosa contra el Estado de Derecho, porque se actuó a traición o sobre seguro, de espaldas a los venezolanos, de forma inconsulta y era necesario que el colectivo conociera estos instrumentos, así lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública".
Indicó que los ciudadanos que se sientan afectados, pueden solicitar la nulidad de este "paquete de leyes" ante la Sala Constitucional o recurrir a instancias internacionales. "El Estado de derecho se ve lesionado con este paquete de leyes, porque se prevén sanciones penales que se pueden aplicar al margen del debido proceso y de las garantías judiciales. Es grave y todavía no hemos llegado a percibir la gravedad lo que significan estos decretos".
Cuestionó que en Gaceta Oficial sólo hayan aparecido las denominaciones de los instrumentos y el contenido fuera publicado tres días después, cuando lo correcto es que el texto esté impreso para el conocimiento de la ciudadanía.
Sobre las inhabilitaciones y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar el carácter constitucional al artículo 105 de la Ley de Contraloría General de la República, Artega señaló que es preocupante que la máxima instancia judicial del país respalde la acción de Clodosbaldo Russián, quien "usurpó" funciones de un juez penal al impedir que ciudadanos se postulen a cargos de representación popular.
"Russián asumió al potestad de aplicar una pena sin ser juez penal ni que se produjera previamente un juicio. Esto es preocupante y fue autorizado por los magistrados de la Sala Constitucional. La legislación es clara, sólo pueden ser inhabilitados aquellos a quienes se les compruebe su participación en hechos que lesionen el patrimonio público y esa decisión la toma un juez, no el Contralor".
Arteaga indicó que el Gobierno impide el derecho libre de los electores de escoger a sus candidatos e incumplió con tratados internacionales que contemplan la protección de los ciudadanos y el derecho a vivir en un país democrático.