La Verdad y Libertad: Vargas Llosa denuncia cierre de emisoras en Venezuela

7 de julio de 2009

Vargas Llosa denuncia cierre de emisoras en Venezuela

Como presidente de la organización Fundación Internacional para la Libertad, el escritor Mario Vargas Llosa emitió un comunicado donde critica la decisión del gobierno nacional de clausurar 285 emisoras de radio y televisión y le pide a la OEA, “si es que realmente toma en serio el contenido total de la Carta Democrática” que denuncie “la conducta antidemocrática del chavismo en todos los foros internacionales.”

Declaracion:

Según la agencia EFE el gobierno de Venezuela se propone clausurar 285 emisoras de radio y televisión. Esta arbitraria medida, amparada en una risible coartada burocrática, a poco más de dos años del cierre de Radio Caracas Televisión, hoy revivido en el injustificado acoso a CEDICE por sus campañas de alerta ante la actitud del gobierno contraria a la propiedad privada, es la demostración de que el régimen de Hugo Chávez se ha convertido en una dictadura militar con vocación totalitaria, francamente instalada dentro de ese modelo de eliminación de las libertades fundamentales.

Ante estos hechos inadmisibles, la Fundación Internacional para la Libertad expresa su más enérgica condena y pide a todos los gobiernos libres del mundo, a la OEA, si es que realmente toma en serio el contenido total de la Carta Democrática, y a todas las instituciones que velan por la libertad, que denuncien la conducta antidemocrática del chavismo en todos los foros internacionales. No hacerlo sería ser cómplices de esta nueva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano.

MARIO VARGAS LLOSA
PRESIDENTE

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica. Por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión. Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones de manera inmediata. En las decisiones que revocan los permisos o licencias, se habría argumentado razones técnicas relativas al masivo incumplimiento de algunas disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que “juegan a la desestabilización de Venezuela”. La CIDH expresa su preocupación por la existencia de elementos que sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para el cierre de estas radioemisoras. La Comisión reconoce la facultad del Gobierno de regular las ondas radioeléctricas, pero destaca que dicha facultad debe realizarse con un estricto apego al debido proceso y respetando los estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las personas. En particular, las limitaciones impuestas a la libertad de expresión no deben fomentar la intolerancia, ni pueden ser discriminatorias, producir efectos discriminatorios o estar fundadas en la línea editorial de los medios de comunicación. Por otro lado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es sancionar los llamados “delitos mediáticos”. El proyecto prevé penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que divulguen información “falsa” o que produzca “perjuicio a los intereses del Estado”, y también establece penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que se nieguen a informar sobre “hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley representaría un serio retroceso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Asimismo, la CIDH recibió información de que el 3 de agosto de 2009 personas armadas ingresaron por la fuerza a la sede del canal Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas. Este ataque se suma a otros hechos de violencia que se han registrado en los últimos años contra los periodistas y trabajadores de Globovisión y otros medios de comunicación que tienen una línea editorial crítica al Gobierno. La CIDH insta al Estado a investigar estos hechos, sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los periodistas y trabajadores de Globovisión y de todos los medios de comunicación de manera que puedan realizar su tarea sin restricciones. La CIDH en reiteradas oportunidades ha expresado su seria preocupación por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado su preocupación y ha enviado numerosas comunicaciones al Estado, solicitando información y expresando la necesidad de que las disposiciones legales y administrativas se ajusten a los estándares interamericanos en la materia. El cierre de 34 emisoras de radio, la amenaza de más cierres, las agresiones a periodistas y ataques a medios con línea editorial crítica, y el reciente proyecto de ley representan graves limitaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. La CIDH está abocada a preparar un informe sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Las solicitudes de información sobre estos temas de libertad de expresión forman parte de los esfuerzos de la Comisión Interamericana con el objeto de obtener insumos para la elaboración de dicho informe. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.