Los periodistas de Bolivia anunciaron hoy que iniciarán una campaña para reunir un millón de firmas de apoyo con el fin de solicitar un referendo sobre dos artículos de la ley antirracista, que consideran vulneran la libertad de expresión. El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, informó a los medios que la iniciativa quiere superar "de forma contundente" el apoyo necesario para presentar una propuesta de "iniciativa legislativa popular" que derive en el referendo sobre los dos artículos polémicos.
El artículo 16 de la norma establece sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el Gobierno considere "ideas racistas y discriminatorias" y el 23 fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.
El presidente del país, Evo Morales, promulgó la ley el pasado viernes en medio de las protestas de asociaciones de diarios y medios audiovisuales, sindicatos y colegios de periodistas que rechazan esos apartes al considerar que impiden la libertad de prensa y atentan contra la democracia.
Zenteno dijo a radio Panamericana que las firmas ya recogidas en varias ciudades del país en libros exhibidos por los periodistas muestran el apoyo de la población, pero aclaró que se necesita iniciar otra vez la recolección cumpliendo los requisitos de validez legal. El objetivo es tener al menos 1 millón de firmas, igual al diez por ciento de la población.
Al menos 17 personas, principalmente periodistas, están en huelga de hambre en la ciudad de Santa Cruz para rechazar los artículos. A esa medida de presión se unió el domingo el director ejecutivo del diario boliviano El Deber, Pedro Rivero Jordán, que hoy declaró que con los artículos cuestionados el Gobierno pretende "iniciar una persecución abierta contra los medios de comunicación independientes y los periodistas para colocarles una mordaza".
De su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, declaró en rueda de prensa que para el Gobierno la "huelga de hambre no tiene sentido ni fundamento", ya que la legislación contra la discriminación cumple con la Constitución.
"Defender una iniciativa legislativa que vulnere o extirpe los artículos 16 y 23, es ir contra la Constitución. No se puede hacer eso. El pueblo ya ha votado para que se incorporen este tipo de medidas" en la legislación, apuntó.
Morales ha afirmado estos días que esa libertad está garantizada, pero también declaró que su obligación es "erradicar a los racistas que son dueños de medios de comunicación" y se mostró a favor de que las frecuencias de los medios audiovisuales que sean cerrados pasen a manos de sus trabajadores. EFE
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