A las 7.30 han comenzado a escucharse los gritos de protesta de cientos de manifestantes que, procedentes del interior rural de Túnez -muchos de ellos de Sidi Bouzid, la ciudad donde Mohamed Bouazizi se inmoló y desató la revuelta popular-, han recorrido unos 300 kilómetros, a tramos a pie, para unirse a las manifestaciones que exigen la dimisión del primer ministro, Mohamed Ghanuchi, y de los miembros del Gobierno que sirvieron al déspota Zine el Abidine Ben Ali, depuesto el pasado día 14. Es gente muy pobre que se esfuerza por explicar el abandono que han sufrido por parte del régimen, su marginación y la represión que han padecido durante 23 años. De camino a la avenida principal de la capital, se han detenido ante la residencia del jefe del Gobierno interino para demandar su renuncia.
"Queremos que este Gobierno caiga", clamaban los manifestantes, que contaban historias de familiares asesinados por francotiradores y de la imposibilidad de prosperar en una región sin industria, ni turismo, ni apoyo oficial.
La de hoy es una más de las pequeñas manifestaciones que recorren las calles de Túnez todos los días mientras el Gobierno aguanta como puede el chaparrón con promesas de toda índole. Sin embargo, cualquier decisión del Ejecutivo parece insuficiente para apaciguar los ánimos de los tunecinos. Mientras los ministros del Interior, Exteriores y Defensa -ex miembros del Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), el partido del dictador- continúen en sus cargos nada parece que vaya a disuadir a los manifestantes.
Algunos de los principales responsables de esta precaria situación económica y del maltrato que han sufrido los campesinos de Túnez ya han sido apresados y otros acaban de serlo. Abdelaziz Bin Dhia, jefe de los consejeros de Ben Ali, y Abdala Kalal, ex ministro del Interior y presidente de la Cámara alta del parlamento, han sido puestos bajo arresto domiciliario, según ha informado esta mañana la agencia estatal de noticias. Aguardarán ahora los resultados de las comisiones de investigación que ha constituido el Gabinete interino para esclarecer los crímenes cometidos durante la revuelta civil-alrededor de 120 personas han fallecido por disparos de la policía o de la guardia del ex presidente o en motines carcelarios-, la corrupción de Ben Ali y su entorno familiar.
Esta tarde se ha detenido al propietario del único canal privado de televisión en Túnez, acusado de "traición" por fomentar la violencia para hacer fracasacar la revuelta popular que forzó la huida del dictador Ben Ali. Junto a él ha sido arrestado su hijo, informa la agencia estatal de noticias. "El propietario de Hannibal TV (Larbi Nasra), que es familiar de la mujer del ex presidente, está usando el canal para abortar la revolución de los jóvenes, añadir confusión, incitar a la violencia y para divulgar información falsa", reza un comunicado. "Su objetivo era crear un vacío constitucional, arruinar la estabilidad y llevar al país a una situación de violencia para que vuelva la dictadura del anterior presidente".
Sin duda, mucho saben de ello los detenidos Bin Dhia, Kalal, pero también Abdelwahad Abdalá, asesor político del dictador, famoso por haber controlado durante años con mano de hierro los medios de comunicación en el país, que también es buscado por la fuerzas de seguridad, pero que de momento se halla en paradero desconocido. La agencia oficial dice que "está siendo investigado". Ya se encuentran a buen recaudo otros 33 parientes de Ben Ali y de las familias que saquearon los bienes del Estado y crearon una red corrupta descomunal, con intereses en todos los sectores de la economía de Túnez. Pero solo se ha informado de uno de los nombres de los encarcelados: Imad Trabelsi, sobrino de la esposa de Ben Ali.
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