30 de julio de 2007

Alertan que la reforma constitucional

El abogado constitucionalista Asdrúbal Aguiar alerta que la reforma de la Constitución eliminará la propiedad privada en Venezuela. Señala que no hace falta un análisis profundo para advertir que la intención del Gobierno es imponer un modelo de país contrario al democrático.Agrega que en los lineamientos que ha presentado el Ejecutivo mediante los llamados cinco motores de la revolución, así como en otros planes, se esboza claramente el rumbo ideológico que tendrá la reforma constitucional que se elabora a partir de la Habilitante, concedida por la Asamblea Nacional.Aguiar explicó a los empresarios, durante un almuerzo conferencia realizado en la Asamblea de Fedecámaras, que en el régimen económico del Gobierno el Estado asume la propiedad de los llamados medios estratégicos de producción, y existe una clara coincidencia con la carta magna cubana. En la práctica, la propiedad privada queda eliminada con la reforma constitucional. El Gobierno ha pretendido observar que de lo que se trata es de adicionar una suerte de propiedad estatal, social, colectiva y pública, juntamente con la propiedad privada. El que lea con cuidado, añade Aguiar, pueda constatarse que se admite la llamada propiedad, pero como hecho y no como derecho; y se admite la propiedad de los bienes perecibles y sobre aquellos llamados de producción, pero dispuestos para la actividad estrictamente personal.Una persona que adquiera un vehículo no lo puede alquilar a un tercero para que trabaje como taxista. Eso es considerado una explotación del hombre por el hombre. Y cuando se fije el sistema de planificación centralizada de la economía, la reforma planteada indica que se trata de la planificación del modelo socialista. Se agrega que habrá bienes expropiables por los cuales se pagará justa indemnización mediante decisión administrativa y no judicial, y eso, dice, el experto, es grave. También se admite la confiscación de bienes cuando haya una actividad económica que atente contra el modelo socialista, en cuyo caso el Estado procede a la confiscación sin indemnización inmediata, como exige el modelo de propiedad privada.

“Se indica la preeminencia de los intereses colectivos sobre los intereses individuales, la coartación por el Estado de todos los medios de producción económica y la creación de un sistema de planificación centralizada para poder decir sin incurrir en militantismo, que cualquiera que haya leído un libro de historia económica, sabe que eso responde al modelo marxista leninista como tránsito previo a un intermedio hacia la experiencia de la sociedad comunista. Para cualquier persona que tiene cultura democrática no es negociable. La democracia no se puede negociar”.

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