Carlos Pérez
(V&L)
La nueva reforma constitucional propuesa por el presidente Hugo Chávez incluirá entre los servicios públicos sometidos a regulación estatal los servicios de television por suscripción, una medida que algunos observan como parte del afán de Chávez por controlar los contenidos críticos a su gobierno.
El servicio de television por suscripción, establecido en Venezuela desde 1994, nunca había estado sometido a regulaciones estatales, y mucho menos con control de rango constitucional. De ser aprobada la reforma, la televisión por cable o satélite se regirá por los parámetros del servicio public como la electricidad, la telefonía, el agua o el gas.
En el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez se prevé la modificación del artículo 156, el cual en su numeral 29 plantea que es competencia del Poder Público Nacional el régimen general de los servicios públicos y, en especial, los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable y gas. La propuesta, que en el proyecto aparece con el numeral 30, incluye los servicios de telefonía por cable, inalámbrica y satelital, así como la televisión por suscripción.
Nilo Fernández, miembro del Directorio de Responsabilidad Social, ve con preocupación la propuesta no por el hecho de que se pretenda regular este servicio, sino por los mecanismos que se utilizarán para hacerlo: “Mi inquietud es no saber hasta qué punto el Gobierno tendrá competencia en la televisión por cable“.
Alertó sobre los vacíos jurídicos que, a su juicio, existen en la ley, porque considera que no hay definición de los conceptos que se están manejando en la reforma. Consideró el planteamiento como una forma de intervención a la libertad de expresión porque permite al Estado controlar aún más a los medios de comunicación. “Esto es una estrategia del Gobierno para seguir afianzando lo que han denominado la hegemonía comunicacional“, apuntó.
Rafael Chavero, especialista en Derecho Constitucional, consideró absurdo que se pretenda establecer la televisión por cable como servicio público porque es un producto de lujo que dista mucho de tener las características para ser calificado como tal.
“El Gobierno no tiene que meter sus narices aquí, y esto no puede justificarse por supuestos vacíos en la ley. Lo que quiere es repetir la historia de RCTV con los canales privados“, expresó.
Señaló que la televisión por cable entendida como servicio público quedará sometida a un régimen administrativo que dependerá de autorizaciones y sanciones: “La estrategia es intensificar los mecanismos de regulación y acabar con cualquier competencia de recreación que pueda rivalizar con la hegemonía comunicacional“.
(V&L)
La nueva reforma constitucional propuesa por el presidente Hugo Chávez incluirá entre los servicios públicos sometidos a regulación estatal los servicios de television por suscripción, una medida que algunos observan como parte del afán de Chávez por controlar los contenidos críticos a su gobierno.
El servicio de television por suscripción, establecido en Venezuela desde 1994, nunca había estado sometido a regulaciones estatales, y mucho menos con control de rango constitucional. De ser aprobada la reforma, la televisión por cable o satélite se regirá por los parámetros del servicio public como la electricidad, la telefonía, el agua o el gas.
En el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez se prevé la modificación del artículo 156, el cual en su numeral 29 plantea que es competencia del Poder Público Nacional el régimen general de los servicios públicos y, en especial, los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable y gas. La propuesta, que en el proyecto aparece con el numeral 30, incluye los servicios de telefonía por cable, inalámbrica y satelital, así como la televisión por suscripción.
Nilo Fernández, miembro del Directorio de Responsabilidad Social, ve con preocupación la propuesta no por el hecho de que se pretenda regular este servicio, sino por los mecanismos que se utilizarán para hacerlo: “Mi inquietud es no saber hasta qué punto el Gobierno tendrá competencia en la televisión por cable“.
Alertó sobre los vacíos jurídicos que, a su juicio, existen en la ley, porque considera que no hay definición de los conceptos que se están manejando en la reforma. Consideró el planteamiento como una forma de intervención a la libertad de expresión porque permite al Estado controlar aún más a los medios de comunicación. “Esto es una estrategia del Gobierno para seguir afianzando lo que han denominado la hegemonía comunicacional“, apuntó.
Rafael Chavero, especialista en Derecho Constitucional, consideró absurdo que se pretenda establecer la televisión por cable como servicio público porque es un producto de lujo que dista mucho de tener las características para ser calificado como tal.
“El Gobierno no tiene que meter sus narices aquí, y esto no puede justificarse por supuestos vacíos en la ley. Lo que quiere es repetir la historia de RCTV con los canales privados“, expresó.
Señaló que la televisión por cable entendida como servicio público quedará sometida a un régimen administrativo que dependerá de autorizaciones y sanciones: “La estrategia es intensificar los mecanismos de regulación y acabar con cualquier competencia de recreación que pueda rivalizar con la hegemonía comunicacional“.
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