Editorial del diario La Razón de Bolivia
(Especial para V&L)
La intolerancia política del actual Gobierno venezolano se ha puesto de manifiesto con la expulsión de dos dirigentes de Human Rights Watch (HRW), luego de que esta organización presentara un informe relacionado con la exclusión de los organismos estatales de personas contrarias al régimen de Hugo Chávez, las violaciones a la libertad de expresión y el intervencionismo gubernamental en los sindicatos.
Esta política opresiva de la administración de Chávez, de manera paradójica, tiende a ser respaldada con motivaciones supuestamente democráticas y legales, de las que nunca antes se han registrado en ese país. La Cancillería de Venezuela justificó la cuestionada medida con el argumento de que hubo “agresiones de factores internacionales” que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de Estados Unidos, tras el ropaje de los derechos humanos.
Los expulsados son: el director de la organización no gubernamental HRW, José Miguel Vivanco, y el subdirector Daniel Wilkinson. El informe en cuestión salió a la luz pública el jueves, mediante un texto de 267 páginas en el que sobresale un cargo que se le hace a Chávez por la conculcación de “derechos fundamentales”. El documento lleva por título Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
Vivanco destaca en ese informe el presunto compromiso del Presidente venezolano con la democracia, lo que, en su concepto, es contradictorio con el “desprecio”, por parte de su gobierno, de las garantías institucionales y los derechos fundamentales de las personas.
El balance, respaldado en el ampuloso volumen, fue dado a conocer en una rueda de prensa en la que Vivanco señaló como particularmente serio el “debilitamiento sistemático, y creemos, deliberado de las instituciones democráticas”. También se declaró preocupado por la circunstancia de que “el debate político se dé en un contexto donde hay instituciones políticas tan débiles”.
Entre las principales conclusiones del informe están: la discriminación política que se refleja en el despido de opositores en instituciones estatales y en la empresa petrolera que controla el Gobierno; la crítica situación de los medios de comunicación, con la aplicación de las llamadas “leyes de desacato”, que castigan las expresiones contrarias a los funcionarios gubernamentales y que son consideradas como irrespetuosas, y el endurecimiento de las penas por calumnias e injurias; la ampliación de la vaga definición de “incitación” y el endurecimiento de las sanciones correspondientes. El análisis advierte que con la aplicación de este tipo de políticas se puede proceder a la suspensión arbitraria de canales de televisión y radios, al margen de que el acceso a la información pública está restringido.
En cuanto al tratamiento que reciben los sindicatos, el informe indica que está socavado el derecho a elegir a representantes laborales, a afiliarse libremente a los sindicatos sectoriales y a la huelga legítima de los trabajadores.
La expulsión de Vivanco (de nacionalidad chilena) y de Wilkinson (con pasaporte estadounidense) motivó la reacción del gobierno de Michelle Bachelet, que anunció el envío de una carta diplomática a Venezuela para expresar su molestia.
(Especial para V&L)
La intolerancia política del actual Gobierno venezolano se ha puesto de manifiesto con la expulsión de dos dirigentes de Human Rights Watch (HRW), luego de que esta organización presentara un informe relacionado con la exclusión de los organismos estatales de personas contrarias al régimen de Hugo Chávez, las violaciones a la libertad de expresión y el intervencionismo gubernamental en los sindicatos.
Esta política opresiva de la administración de Chávez, de manera paradójica, tiende a ser respaldada con motivaciones supuestamente democráticas y legales, de las que nunca antes se han registrado en ese país. La Cancillería de Venezuela justificó la cuestionada medida con el argumento de que hubo “agresiones de factores internacionales” que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de Estados Unidos, tras el ropaje de los derechos humanos.
Los expulsados son: el director de la organización no gubernamental HRW, José Miguel Vivanco, y el subdirector Daniel Wilkinson. El informe en cuestión salió a la luz pública el jueves, mediante un texto de 267 páginas en el que sobresale un cargo que se le hace a Chávez por la conculcación de “derechos fundamentales”. El documento lleva por título Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
Vivanco destaca en ese informe el presunto compromiso del Presidente venezolano con la democracia, lo que, en su concepto, es contradictorio con el “desprecio”, por parte de su gobierno, de las garantías institucionales y los derechos fundamentales de las personas.
El balance, respaldado en el ampuloso volumen, fue dado a conocer en una rueda de prensa en la que Vivanco señaló como particularmente serio el “debilitamiento sistemático, y creemos, deliberado de las instituciones democráticas”. También se declaró preocupado por la circunstancia de que “el debate político se dé en un contexto donde hay instituciones políticas tan débiles”.
Entre las principales conclusiones del informe están: la discriminación política que se refleja en el despido de opositores en instituciones estatales y en la empresa petrolera que controla el Gobierno; la crítica situación de los medios de comunicación, con la aplicación de las llamadas “leyes de desacato”, que castigan las expresiones contrarias a los funcionarios gubernamentales y que son consideradas como irrespetuosas, y el endurecimiento de las penas por calumnias e injurias; la ampliación de la vaga definición de “incitación” y el endurecimiento de las sanciones correspondientes. El análisis advierte que con la aplicación de este tipo de políticas se puede proceder a la suspensión arbitraria de canales de televisión y radios, al margen de que el acceso a la información pública está restringido.
En cuanto al tratamiento que reciben los sindicatos, el informe indica que está socavado el derecho a elegir a representantes laborales, a afiliarse libremente a los sindicatos sectoriales y a la huelga legítima de los trabajadores.
La expulsión de Vivanco (de nacionalidad chilena) y de Wilkinson (con pasaporte estadounidense) motivó la reacción del gobierno de Michelle Bachelet, que anunció el envío de una carta diplomática a Venezuela para expresar su molestia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario