Especial
V&L
Pocas veces en la historia de los escándalos de corrupción de América Latina se habían conocido tantos detalles de una presunta operación de sobornos, comisiones y tráfico de influencias contados por los protagonistas bajo juramento, con nombres y apellidos.
El juicio al empresario Franklin Durán, condenado el pasado lunes por un jurado federal de Miami, fue una de esas raras oportunidades de conocer las intimidades de una empresa de amigos y socios cuyo éxito dependía principalmente de una eficiente maquinaria de corrupción a todos los niveles dentro del gobierno de Venezuela.
Durán fue hallado culpable de actuar ilegalmente como agente del gobierno de Venezuela y de conspirar para mantener en silencio al empresario venezolano estadounidense Alejandro Antonini en torno al origen y el destino de $800,000 que le fueron confiscados a éste en Argentina en agosto del año pasado.
Los pormenores de ese mundo subterráneo fueron relatados por uno de los responsables de pagar los cheques, de reconocer los favores y de mover fondos públicos.
Su nombre es Carlos Kauffmann, testigo del gobierno de Estados Unidos en el juicio a Durán. Kauffmann, un empresario de 37 años, fanático de los aviones y los carros, relató sin pudor cómo amasó una fortuna de más de $100 millones en negociaciones ilícitas con entidades del gobierno.
Basándose en los testimonios y pruebas que se conocieron durante las ocho semanas que demoró el juicio, El Nuevo Herald presenta a continuación el papel que jugaron los personajes mencionados como parte del entramado de influencias, intrigas, pagos de favores, comisiones y sobornos.
Kauffmann explicó que en la sociedad con su amigo Durán, él respondía por los asuntos financieros y Durán por las contrataciones con el gobierno..
Los personajes aparecen con los cargos que ocupaban al momento de los hechos.
Estos son:
Tobías Nóbrega: Ministro de Finanzas. Kauffmann dijo que inicialmente él y Durán le pagaron $1 millón por haber aprobado la compra de un edificio para el ministerio a un precio ($9.5 millones) que doblaba el valor por el que ambos empresarios lo compraron. Funcionarios del ministerio ayudaron a los empresarios a restructurar un paquete de bonos de deuda pública que recibieron como parte de pago del edificio que anteriormente pertenecía al Citibank. Con esa operación el valor de los bonos se multiplicó. Kauffmann explicó que gran parte de las ganancias de esta compraventa se invirtieron en el pago de sobornos por $4.5 millones al “equipo del ministerio”, incluido Nóbrega. Pero no lo consideró una pérdida porque ese negocio fue el preámbulo de otra operación mucha más lucrativa relacionada con la reestructuración de bonos. En esta segunda operación obtuvieron $100 millones de ganancias, suma de la cual pagaron sobornos por $25 millones a Tobías y los demás miembros del equipo entre los años 2002 y 2005.
Jesús Bermúdez: Viceministro de Finanzas. En febrero de 2005, después de dejar su cargo, fue condenado en la corte federal por estructurar una operación ilegal de introducción de dinero en efectivo a Estados Unidos. Cumplió una condena y firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía.
Los bonos restructurados a favor de los Kauffmann y Durán fueron bautizados con su apellido “Los bonos Bermúdez”, según Kauffmann. Recibió sobornos por su participación en esa operación, agregó el empresario.
Lenín Aguilera: Asesor del ministro. Fue parte del equipo del ministerio que trabajó con los empresarios y recibió también sobornos por su participación en la reestructuración de los bonos. Cuando Shohat le preguntó a Kauffmann en una audiencia del juicio cómo se deletreaba el nombre de Aguilera, le respondió: “Franklin lo sabe perfectamente, pregúnteselo a él que está ahí”.
Alejandro Dopazo: Director de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Dopazo también participó en la operación de la reestructuración de bonos que se derivó del negocio del edificio del Citibank y por ello recibió sobornos, aseguró Kauffmann. A diferencia de los otros tres funcionarios (Nóbrega, Bermúdez y Aguilera), que aceptaron $1 millón cada uno, Dopazo exigió $1.5 millones. “El pidió un poquito más, si no le pagábamos el negocio no se podía hacer”, explicó Kauffmann
Víctor José Medina, Orestes Arellano y Oscar Silva: Kauffmann identificó a estos oficiales de la Guardia Nacional (GN) como sus hombres claves en los negocios que mantuvieron con esa entidad entre 1998 y 2001. “Ellos eran los encargados de las compras y la finanzas”, declaró Kauffmann. La GN se convirtió en la puerta de entrada de Kauffmann y Durán al sector oficial de Venezuela. En esta entidad la confianza llegó a tal nivel que los oficiales les confiaron a los empresarios los dineros que recibían de sobornos para que los invirtieran en lo que consideraran más rentable o conveniente, explicó Kauffmann. Por el manejo de las inversiones cobraban 10 por ciento del monto confiado a ellos.
“Eramos como sus banqueros... era una gran operación de mucho dinero en efectivo que al final terminaba en alguna cuenta”, indicó Kauffmann.
Julio Rivas: Funcionario de la sección de finanzas del Ministerio de Educación fallecido. Kauffmann y Durán compartían con este funcionario las millonarias comisiones que recibían de los bancos por depositar los fondos oficiales de esta entidad.
Johny Yánez Rangel: Gobernador del estado Cojedes. Los empresarios compartían con el gobernador del 30 al 40 por ciento del monto de las comisiones que recibían de Bancoro, la entidad financiera donde depositaban las partidas presupuestales de la gobernación. Kauffmann y Durán manejaban los dineros de Yánez, incluyendo estos sobornos, por una comisión del 10 por ciento. Por los contratos de construcción que le adjudicó la gobernación a una compañía constructora de ambos empresarios, Yánez también recibía sobornos y los canalizaba a otros funcionarios, según Kauffmann. Los contratos sumaban más de $20 millones.
Felipe Rodríguez: Segundo al mando de la gobernación de Cojedes cuya función, dijo Kauffmann, era manejar los detalles de negocios en “la oficina de atrás”. Recibió también sobornos, según Kauffmann.
Antonio Rodríguez: Gobernador del estado Vargas. Recibió de los empresarios $250,000 para su campaña a la gobernación a través de Benito Robles. Rodríguez llegó a la gobernación en el año 2000. Robles fue nombrado secretario de la gobernación. Con Rodríguez el supuesto esquema de corrupción funcionaba en forma similar a la del estado Cojedes. Los fondos de la gobernación eran depositados en Bancoro; el banco pagaba una comisión de la cual un 50 por ciento iba para los empresarios y el resto para Rodríguez. El banco les pagaba a los empresarios un 10 por ciento de la cantidad depositada. Esta operación se llevó a cabo durante ocho años hasta que Kauffmann y Durán fueron arrestados en diciembre del año pasado. Rodríguez también recibió sobornos que totalizan $30 millones por la adjudicación de contratos de su gobernación, afirmó Kauffmann. Este dinero lo repartía con otros funcionarios.
Presidente Hugo Chávez: Según las pruebas aportadas por la fiscalía, el presidente Chávez estuvo al tanto de la operación de encubrimiento del origen y el destino del dinero, pero todas las evidencias son de oídas. Ninguno de los testigos estuvo en reuniones personales con Chávez o mantuvo comunicación telefónica con el mandatario.
El abogado Moisés Maionica, contratado por el gobierno de Venezuela para convencer a Antonini de que contratase a un jurista argentino, afirmó que Chávez, al enterarse del escándalo del Valijagate y de las peticiones de Antonini, le pidió a Henry Rangel, director de los servicios de inteligencia Disip, que se encargara de manejar la crisis y de pagarle a Antonini. Hubo un momento en el que Chávez creyó que ya todo estaba resuelto, según Maionica, pero al parecer no le habían informado que Antonini continuaba dilatando las negociaciones.
En una conversación grabada por Antonini el 12 de noviembre del 2007, se escucha decir a Durán: “Ya Chávez va a sacar a todo el mundo que tuvo que ver con este peo”. Durán se refería, entre otros, a Rafael Ramírez, ministro de Energía y director de Pdvsa.
Según Durán, Ramírez “no puede lavarse las manos” porque Chávez supo que fue un asistente de Ramírez “el que llevó las maletas en ese avión”.
En otra oportunidad (15 de octubre de 2007) Durán se da por enterado de que Antonini le envió una carta a Chávez pidiéndole dinero por su silencio a través del cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández.
“Te fuiste por un camino directo con el presidente vía el consulado. La vaina llegó muy bien pero muy mal a la vez porque acuérdate, cuanto te acercas al sol tanto, te puede quemar”.
Vicepresidente Jorge Rodríguez: Su nombre fue mencionado por el abogado Moisés Maionica, de quien es amigo personal. Según Maionica, Rodríguez seguía de cerca la conducta de Antonini y un día, impaciente, le dijo: “¿Todavía ese muchacho lo tenemos allá? ¿No se ha resuelto todavía? Ese carajo no ha hablado y tenemos a ese muchacho maltratado”.
Tarek El Aissami: Viceministro de seguridad ciudadana. Fue uno de los funcionarios venezolanos más mencionado en el juicio. Todo indica que no tuvo que ver con el origen del problema, el envío del dinero de la petrolera Pdvsa a la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Argentina.
Sin embargo debió apagar el incendio por errores ajenos siguiendo órdenes superiores. Su importancia en el gobierno la definió así Durán en una conversación con Antonini: “Es un carajo sano... Treinta y tres años de edad. El presidente le tiene cariño. Y lo atiende en persona. Ese es todo el poder de este chamo. Y que el presidente le dijo. “¿Sabes qué?, encárgate de la justicia en Venezuela, encárgate de las cárceles, encárgate de la PTJ, encárgate de la Disip. Tú eres el jefe máximo de toda esta m...”.
Henry Rangel Silva: Director de la Disip. Reportaba a El Aissami quien delegó en él la mecánica de la operación de control de Antonini. Durán alardeó que se había reunido varias veces con Rangel para tratar el problema de Antonini.. En una de esas oportunidades analizaron la expedición de un documento que justificara la salida de los $800,000 de Venezuela. Maionica dijo que Rangel le garantizó a Antonini que no se iba a abrir ninguna causa en su contra en Venezuela. En una charla telefónica con Antonini se escucha a Rangel decir “la primera parte lo recibo de aquí, no hay problema... lo de la segunda parte, que es la parte financiera, tampoco hay problema”. Rangel le pidió a Antonini que se refiriera a él con el alias de “Arvelo”.
Moisés Maionica: Contratado por Pdvsa para convencer a Antonini que nombrara un abogado en Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando. Maionica dijo que le pagarían $400,000 por su gestión.
Nicolás Rossini: Otro de los abogados contratados por el gobierno venezolano para darle gusto a las exigencias de Antonini a cambio de su silencio.
José Bracamonte: Contratado por Pdvsa. Su participación fue fundamental para lograr que Maionica se reuniese en Miami con Antonini. Maionica lo identificó como su enlace con el gobierno. También se reunió con Kauffmann a quien le explicó que se estaba planeando falsificar declaraciones de salida de dinero para justificar la cantidad que llevaba Antonini. “El es mi contacto con el gobierno. Juan y yo estudiamos juntos en la universidad”, se escucha a Maionica comentar en la conversación grabada por Antonini en un restaurante de Fort Lauderdale el 30 de noviembre del año pasado. Maionica explicó que se hicieron amigos luego de una disputa por un fraude que Bracamonte cometió en unas elecciones locales. Bracamonte era entonces diputado de la Asamblea del estado Miranda por el Partido Patria Para Todos (PPT).
Antonio José Canchica Gómez: Militar de los servicios de inteligencia de Venezuela especializado en comunicaciones. En una conversación con Antonini en Miami, en octubre del año pasado, se identificó como el último eslabón de la cadena que pretendía cumplir con todas las exigencias de Antonini. Se dio por enterado de la carta que Antonini le envió al presidente Chávez. Antonini prácticamente no lo dejó hablar después de que afirmó que el gobierno de Venezuela quería sacar del juego a Durán y a Kauffmann, lo que implicaba que la investigación del FBI podría fracasar.
Pedro Durán: Hermano de Franklin. El director de la Agencia de Lucha contra las Drogas DEA en Venezuela, Thomas Alder, declaró en el juicio que Pedro “es considerado un contacto del gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela”. Alder se había reunido con Pedro en anteriores ocasiones a través de un personaje que fue identificado solamente como Riverito. Pedro tiene credenciales de la Disip y una potente camioneta “armada“ con rótulo frontal de la Disip.
El juicio al empresario Franklin Durán, condenado el pasado lunes por un jurado federal de Miami, fue una de esas raras oportunidades de conocer las intimidades de una empresa de amigos y socios cuyo éxito dependía principalmente de una eficiente maquinaria de corrupción a todos los niveles dentro del gobierno de Venezuela.
Durán fue hallado culpable de actuar ilegalmente como agente del gobierno de Venezuela y de conspirar para mantener en silencio al empresario venezolano estadounidense Alejandro Antonini en torno al origen y el destino de $800,000 que le fueron confiscados a éste en Argentina en agosto del año pasado.
Los pormenores de ese mundo subterráneo fueron relatados por uno de los responsables de pagar los cheques, de reconocer los favores y de mover fondos públicos.
Su nombre es Carlos Kauffmann, testigo del gobierno de Estados Unidos en el juicio a Durán. Kauffmann, un empresario de 37 años, fanático de los aviones y los carros, relató sin pudor cómo amasó una fortuna de más de $100 millones en negociaciones ilícitas con entidades del gobierno.
Basándose en los testimonios y pruebas que se conocieron durante las ocho semanas que demoró el juicio, El Nuevo Herald presenta a continuación el papel que jugaron los personajes mencionados como parte del entramado de influencias, intrigas, pagos de favores, comisiones y sobornos.
Kauffmann explicó que en la sociedad con su amigo Durán, él respondía por los asuntos financieros y Durán por las contrataciones con el gobierno..
Los personajes aparecen con los cargos que ocupaban al momento de los hechos.
Estos son:
Tobías Nóbrega: Ministro de Finanzas. Kauffmann dijo que inicialmente él y Durán le pagaron $1 millón por haber aprobado la compra de un edificio para el ministerio a un precio ($9.5 millones) que doblaba el valor por el que ambos empresarios lo compraron. Funcionarios del ministerio ayudaron a los empresarios a restructurar un paquete de bonos de deuda pública que recibieron como parte de pago del edificio que anteriormente pertenecía al Citibank. Con esa operación el valor de los bonos se multiplicó. Kauffmann explicó que gran parte de las ganancias de esta compraventa se invirtieron en el pago de sobornos por $4.5 millones al “equipo del ministerio”, incluido Nóbrega. Pero no lo consideró una pérdida porque ese negocio fue el preámbulo de otra operación mucha más lucrativa relacionada con la reestructuración de bonos. En esta segunda operación obtuvieron $100 millones de ganancias, suma de la cual pagaron sobornos por $25 millones a Tobías y los demás miembros del equipo entre los años 2002 y 2005.
Jesús Bermúdez: Viceministro de Finanzas. En febrero de 2005, después de dejar su cargo, fue condenado en la corte federal por estructurar una operación ilegal de introducción de dinero en efectivo a Estados Unidos. Cumplió una condena y firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía.
Los bonos restructurados a favor de los Kauffmann y Durán fueron bautizados con su apellido “Los bonos Bermúdez”, según Kauffmann. Recibió sobornos por su participación en esa operación, agregó el empresario.
Lenín Aguilera: Asesor del ministro. Fue parte del equipo del ministerio que trabajó con los empresarios y recibió también sobornos por su participación en la reestructuración de los bonos. Cuando Shohat le preguntó a Kauffmann en una audiencia del juicio cómo se deletreaba el nombre de Aguilera, le respondió: “Franklin lo sabe perfectamente, pregúnteselo a él que está ahí”.
Alejandro Dopazo: Director de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Dopazo también participó en la operación de la reestructuración de bonos que se derivó del negocio del edificio del Citibank y por ello recibió sobornos, aseguró Kauffmann. A diferencia de los otros tres funcionarios (Nóbrega, Bermúdez y Aguilera), que aceptaron $1 millón cada uno, Dopazo exigió $1.5 millones. “El pidió un poquito más, si no le pagábamos el negocio no se podía hacer”, explicó Kauffmann
Víctor José Medina, Orestes Arellano y Oscar Silva: Kauffmann identificó a estos oficiales de la Guardia Nacional (GN) como sus hombres claves en los negocios que mantuvieron con esa entidad entre 1998 y 2001. “Ellos eran los encargados de las compras y la finanzas”, declaró Kauffmann. La GN se convirtió en la puerta de entrada de Kauffmann y Durán al sector oficial de Venezuela. En esta entidad la confianza llegó a tal nivel que los oficiales les confiaron a los empresarios los dineros que recibían de sobornos para que los invirtieran en lo que consideraran más rentable o conveniente, explicó Kauffmann. Por el manejo de las inversiones cobraban 10 por ciento del monto confiado a ellos.
“Eramos como sus banqueros... era una gran operación de mucho dinero en efectivo que al final terminaba en alguna cuenta”, indicó Kauffmann.
Julio Rivas: Funcionario de la sección de finanzas del Ministerio de Educación fallecido. Kauffmann y Durán compartían con este funcionario las millonarias comisiones que recibían de los bancos por depositar los fondos oficiales de esta entidad.
Johny Yánez Rangel: Gobernador del estado Cojedes. Los empresarios compartían con el gobernador del 30 al 40 por ciento del monto de las comisiones que recibían de Bancoro, la entidad financiera donde depositaban las partidas presupuestales de la gobernación. Kauffmann y Durán manejaban los dineros de Yánez, incluyendo estos sobornos, por una comisión del 10 por ciento. Por los contratos de construcción que le adjudicó la gobernación a una compañía constructora de ambos empresarios, Yánez también recibía sobornos y los canalizaba a otros funcionarios, según Kauffmann. Los contratos sumaban más de $20 millones.
Felipe Rodríguez: Segundo al mando de la gobernación de Cojedes cuya función, dijo Kauffmann, era manejar los detalles de negocios en “la oficina de atrás”. Recibió también sobornos, según Kauffmann.
Antonio Rodríguez: Gobernador del estado Vargas. Recibió de los empresarios $250,000 para su campaña a la gobernación a través de Benito Robles. Rodríguez llegó a la gobernación en el año 2000. Robles fue nombrado secretario de la gobernación. Con Rodríguez el supuesto esquema de corrupción funcionaba en forma similar a la del estado Cojedes. Los fondos de la gobernación eran depositados en Bancoro; el banco pagaba una comisión de la cual un 50 por ciento iba para los empresarios y el resto para Rodríguez. El banco les pagaba a los empresarios un 10 por ciento de la cantidad depositada. Esta operación se llevó a cabo durante ocho años hasta que Kauffmann y Durán fueron arrestados en diciembre del año pasado. Rodríguez también recibió sobornos que totalizan $30 millones por la adjudicación de contratos de su gobernación, afirmó Kauffmann. Este dinero lo repartía con otros funcionarios.
Presidente Hugo Chávez: Según las pruebas aportadas por la fiscalía, el presidente Chávez estuvo al tanto de la operación de encubrimiento del origen y el destino del dinero, pero todas las evidencias son de oídas. Ninguno de los testigos estuvo en reuniones personales con Chávez o mantuvo comunicación telefónica con el mandatario.
El abogado Moisés Maionica, contratado por el gobierno de Venezuela para convencer a Antonini de que contratase a un jurista argentino, afirmó que Chávez, al enterarse del escándalo del Valijagate y de las peticiones de Antonini, le pidió a Henry Rangel, director de los servicios de inteligencia Disip, que se encargara de manejar la crisis y de pagarle a Antonini. Hubo un momento en el que Chávez creyó que ya todo estaba resuelto, según Maionica, pero al parecer no le habían informado que Antonini continuaba dilatando las negociaciones.
En una conversación grabada por Antonini el 12 de noviembre del 2007, se escucha decir a Durán: “Ya Chávez va a sacar a todo el mundo que tuvo que ver con este peo”. Durán se refería, entre otros, a Rafael Ramírez, ministro de Energía y director de Pdvsa.
Según Durán, Ramírez “no puede lavarse las manos” porque Chávez supo que fue un asistente de Ramírez “el que llevó las maletas en ese avión”.
En otra oportunidad (15 de octubre de 2007) Durán se da por enterado de que Antonini le envió una carta a Chávez pidiéndole dinero por su silencio a través del cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández.
“Te fuiste por un camino directo con el presidente vía el consulado. La vaina llegó muy bien pero muy mal a la vez porque acuérdate, cuanto te acercas al sol tanto, te puede quemar”.
Vicepresidente Jorge Rodríguez: Su nombre fue mencionado por el abogado Moisés Maionica, de quien es amigo personal. Según Maionica, Rodríguez seguía de cerca la conducta de Antonini y un día, impaciente, le dijo: “¿Todavía ese muchacho lo tenemos allá? ¿No se ha resuelto todavía? Ese carajo no ha hablado y tenemos a ese muchacho maltratado”.
Tarek El Aissami: Viceministro de seguridad ciudadana. Fue uno de los funcionarios venezolanos más mencionado en el juicio. Todo indica que no tuvo que ver con el origen del problema, el envío del dinero de la petrolera Pdvsa a la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Argentina.
Sin embargo debió apagar el incendio por errores ajenos siguiendo órdenes superiores. Su importancia en el gobierno la definió así Durán en una conversación con Antonini: “Es un carajo sano... Treinta y tres años de edad. El presidente le tiene cariño. Y lo atiende en persona. Ese es todo el poder de este chamo. Y que el presidente le dijo. “¿Sabes qué?, encárgate de la justicia en Venezuela, encárgate de las cárceles, encárgate de la PTJ, encárgate de la Disip. Tú eres el jefe máximo de toda esta m...”.
Henry Rangel Silva: Director de la Disip. Reportaba a El Aissami quien delegó en él la mecánica de la operación de control de Antonini. Durán alardeó que se había reunido varias veces con Rangel para tratar el problema de Antonini.. En una de esas oportunidades analizaron la expedición de un documento que justificara la salida de los $800,000 de Venezuela. Maionica dijo que Rangel le garantizó a Antonini que no se iba a abrir ninguna causa en su contra en Venezuela. En una charla telefónica con Antonini se escucha a Rangel decir “la primera parte lo recibo de aquí, no hay problema... lo de la segunda parte, que es la parte financiera, tampoco hay problema”. Rangel le pidió a Antonini que se refiriera a él con el alias de “Arvelo”.
Moisés Maionica: Contratado por Pdvsa para convencer a Antonini que nombrara un abogado en Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando. Maionica dijo que le pagarían $400,000 por su gestión.
Nicolás Rossini: Otro de los abogados contratados por el gobierno venezolano para darle gusto a las exigencias de Antonini a cambio de su silencio.
José Bracamonte: Contratado por Pdvsa. Su participación fue fundamental para lograr que Maionica se reuniese en Miami con Antonini. Maionica lo identificó como su enlace con el gobierno. También se reunió con Kauffmann a quien le explicó que se estaba planeando falsificar declaraciones de salida de dinero para justificar la cantidad que llevaba Antonini. “El es mi contacto con el gobierno. Juan y yo estudiamos juntos en la universidad”, se escucha a Maionica comentar en la conversación grabada por Antonini en un restaurante de Fort Lauderdale el 30 de noviembre del año pasado. Maionica explicó que se hicieron amigos luego de una disputa por un fraude que Bracamonte cometió en unas elecciones locales. Bracamonte era entonces diputado de la Asamblea del estado Miranda por el Partido Patria Para Todos (PPT).
Antonio José Canchica Gómez: Militar de los servicios de inteligencia de Venezuela especializado en comunicaciones. En una conversación con Antonini en Miami, en octubre del año pasado, se identificó como el último eslabón de la cadena que pretendía cumplir con todas las exigencias de Antonini. Se dio por enterado de la carta que Antonini le envió al presidente Chávez. Antonini prácticamente no lo dejó hablar después de que afirmó que el gobierno de Venezuela quería sacar del juego a Durán y a Kauffmann, lo que implicaba que la investigación del FBI podría fracasar.
Pedro Durán: Hermano de Franklin. El director de la Agencia de Lucha contra las Drogas DEA en Venezuela, Thomas Alder, declaró en el juicio que Pedro “es considerado un contacto del gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela”. Alder se había reunido con Pedro en anteriores ocasiones a través de un personaje que fue identificado solamente como Riverito. Pedro tiene credenciales de la Disip y una potente camioneta “armada“ con rótulo frontal de la Disip.
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