Una nueva ley de alquiler de viviendas abrió el enfrentamiento en Venezuela entre la visión "socialista" del presidente, Hugo Chávez, de intervenir un mercado golpeado por el déficit y la especulación, y de los propietarios, que temen por la propiedad privada y la oferta inmobiliaria. El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que deberá ser sancionada por Chávez para su entrada en vigor y con la que el Gobierno busca, según explicó el diputado oficialista Diosdado Cabello, establecer "reglas del juego claras".
La norma prevé que el canon de arrendamiento anual no supere el 5% del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos. Grupos de propietarios han elevado sus críticas contra la legislación e incluso han pedido a Chávez que no la sancione, por considerarla "desequilibrada".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explicó a Efe que la ley "da luz verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer" y aseguró que el "único antecedente" parecido a esta norma en Latinoamérica es una reforma emprendida en Cuba en la década de los sesenta.
"La ley de reforma urbana trajo (en Cuba) una situación similar, donde todos los alquileres pasaron a manos del Estado", sostuvo Orta y subrayó que la mayoría de países de la región tienen leyes que protegen socialmente la vivienda y el derecho a la propiedad.
Entre los puntos críticos Apiur cita los "excesivos controles" que prevé la ley, pues la Superintendencia deberá revisar los contratos, establecer cánones y dirimir conflictos entre las partes.
También observan con preocupación la posibilidad de que se establezcan "precios ínfimos y alquileres irrisorios" para la venta o arrendamiento de los inmuebles, que los procedimientos administrativos y judiciales se hagan "enrevesados y larguísimos" y la venta obligatoria de los edificios con más de 20 años alquilados.
"Esto es una ley política e ideológica, esto no tiene nada que ver con la viabilidad y la lógica", declaró el presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martínez, al canal privado Globovisión.
Cuestionó que el precio del alquiler se fije a partir de aspectos como los materiales, metros cuadrados, antigüedad, zona sísmica y zona geográfica.
Chávez ha salido en defensa de esta normativa, que para sectores del oficialismo busca "regular" la relación de arrendamiento en un país con un déficit estimado de dos millones de viviendas.
"Estas son leyes socialistas para que nuestro pueblo y aquellos sectores que todavía tienen dudas, que pueden estar confundidos, se beneficien", afirmó Chávez el jueves pasado.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tito Oviedo, de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea, explicó a Efe que la ley "de por sí" reconoce el derecho a la propiedad privada.
"Cuando regulas la prestación de un servicio de interés social como lo es el arrendamiento, reconoces que hay un propietario, la ley lo reconoce, y reconoces que hay alguien que arrienda una propiedad", aseveró.
No obstante, Oviedo señaló que las protecciones a los arrendatarios se reconocen sin "menoscabar" los derechos del propietario.
"El hecho real es el cambio de la visión que está ocurriendo en Venezuela", agregó el diputado, quien advirtió que para Apiur y la derecha venezolana "la vivienda es simplemente una mercancía y un negocio" y por ello reclaman un "libertinaje económico".
Subrayó que el "drama" de Venezuela es que tiene un sector productivo, empresarial, que "se basa en la especulación y en la usura" y recordó que "en la mayoría de los países en Europa hay mucha protección sobre la persona que vive en arrendamiento".
"Esto es un cambio sustancial, es un punto de inflexión en la manera con la cual se ve el arrendamiento en Venezuela", sostuvo, al puntualizar que se pasa de un "libre mercado" a un Estado que asume eso.
Descartó que en la ley se prohíba el desalojo por causas justificadas, aunque admitió que no se permite "echar la familia a la calle" que saldrá tan pronto consiga un nuevo lugar o cuando el Gobierno asigne "en casos extremos" temporalmente una vivienda.
Resaltó la creación de un fondo que se nutrirá, entre otros, de los pagos de las multas e indicó que con esos recursos se buscará ayudar a los inquilinos que sean desalojados y pequeños propietarios que denuncien daños en sus inmuebles.EFE
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